IU pide fiscalizar una permuta por hallar «indicios de lesividad para las arcas municipales»

Izquierda Unida ha pedido fiscalizar en Pleno el expediente de permuta 160-PT, realizada entre el Ayuntamiento y la mercantil Rubio Móvil, así como el convenio suscrito por ambos, por considerar que existen «indicios de lesividad para las arcas municipales». El grupo señala que en diciembre de 2000, el Ayuntamiento «suscribe un convenio urbanístico con las mercantiles Rubio Móvil S.L, Rubio Motor S.L, y con Concepción Miralles Miralles para la ejecución de viales de servicio», por el que las empresas cedían terreno para los citados viales a cambio del compromiso del Ayuntamiento de permutar la finca de «Pozo Dulce», cercana al IES nº2 «Las Lagunas» y el centro Alpe, por otra de propiedad municipal en el plazo de un año, contemplando una indemnización de 35.000 pesetas por metro cuadrado urbanizable si no se cumplía dicho plazo. IU indica que, en noviembre de 2006, las mercantiles reclamaron el pago de la indemnización, «que se eleva a 333.974,04 euros por los 1.588 m2 objeto del convenio urbanístico más los intereses correspondientes, sin renunciar, eso sí, a la permuta. Es decir, que se quedan con los terrenos más la indemnización», señalan desde IU. La formación añade que esos terrenos, además, no son urbanizables, lo que basan en un documento suscrito por el alcalde justificando la permuta en diciembre de 2006, «unos días después de que el representante de Rubio Móvil, S.L. pidiera la indemnización», donde se especifica que, «dado que el citado enclave está destinado a uso de equipamiento deportivo y es colindante con la parcela destinada al Palacio de los Deportes, considero necesaria y oportuna la citada permuta».

Valoración de los terrenos
IU indica que el terreno ofertado por el Ayuntamiento a la empresa, de 3.521’76 m2, se encuentra enfrente del IES nº2, «muy próximo a la rotonda que invadió la vía pública justo a la puerta del instituto». Respecto a las valoraciones de los terrenos, la agrupación las considera «aclaratorias para conocer el interés público que defiende el alcalde», y señalan que, mientras la parcela municipal se valora en 2.536.054’59 euros, las parcelas de la mercantil «están valoradas ahora por los técnicos municipales en 2.069.474’58 euros, cuando su valor de indemnización era de 333.974 euros», al tiempo que se preguntan «por qué no se acudió a la expropiación de los terrenos» por su valor de indemnización. En caso de que de esta operación «se derivaran lesiones para los intereses públicos», IU se reserva el derecho a ejercer «las acciones judiciales pertinentes no sólo para restablecer la legalidad urbanística, sino para devolver la ética a la gestión pública».

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