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Un Pleno extraordinario fiscalizó el cambio de usos del Museo de Semana Santa, mediante el cual el edificio tendría 3 plantas de uso exclusivamente religioso y las otras 5 de usos administrativos públicos, como oficinas municipales que actualmente se encuentran en inmuebles alquilados, o dependencias judiciales que, según el Gobierno municipal, posibilitarían la apertura de un nuevo juzgado. Simultáneamente, tuvo lugar una protesta en la Plaza de la Constitución, en la que un grupo de personas se mostró contrario a este cambio de uso y pidió diálogo al alcalde. Los momentos más tensos se vivieron cuando el alcalde ordenó a agentes de la Policía Local la identificación de los manifestantes, por impedir con «ruido» el normal desarrollo de la sesión plenaria, y el diputado nacional Joaquín Albaladejo cuestionó su autoridad por haber protagonizado algunos miembros de este cuerpo una protesta donde emularon la crucifixión de Cristo.
Competencia del Gobierno valenciano
El portavoz del PP, Eduardo Dolón, acusó al alcalde de hacer caso omiso al acuerdo plenario que desestimó el cambio de usos del museo con los votos de PP y Cs, por «odio» a la religión; mientras que la concejal Fanny Serrano señaló que el uso del museo no es competencia del Pleno, dado que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, y es el Consell el órgano que ha decretado su cambio de uso, amparándose en informes técnicos que, según el alcalde, manifestaban que dos plantas y un sótano eran «suficientes» para albergar el patrimonio de la Semana Santa.
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