De cómo la Administración obliga a ser «okupa»

En abril de 2012, en mayo de 2016, en agosto de 2017, en noviembre de 2017 y en marzo de 2018. Ésas son las fechas en las cuales he solicitado una vivienda en alquiler a la Generalitat Valenciana. Todo eso a través del IVVSA, luego del EIGE y ahora al EVha.
En todas y cada una de esas solicitudes cumplo con las condiciones exigidas para que me sea otorgada una vivienda en alquiler. En respuesta, y en algún caso sin respuesta, siempre se me ha denegado el derecho a una vivienda digna. Siempre las alegaciones del EIGE y del EVha han venido a exigirme documentación no prevista en las normas, me han denegado una vivienda que no he solicitado o han aceptado documentación que luego han rechazado. IVVSA jamás contestó, y conocí la respuesta negativa a los 4 años de la solicitud, y cuando IVVSA ya no existía.
En mayo de 2016, «okupé» una vivienda propiedad de la Generalitat Valenciana que se encontraba en estado de abandono desde octubre de 2009. Esa fecha es en la que se quedó sin suministros de electricidad y de agua, lo que prueba su desocupación y el estado lamentable en el que se encontraba cuando la «okupé». No solamente se encontraba en esa situación esa vivienda, había en ese mismo estado 32 viviendas más. Hoy siguen unas 25 en el mismo estado de abandono, lamentable y vergonzoso.
La Generalitat Valenciana, en las personas de la consejera de Vivienda y de la Directora General del IVVSA/EIGE/EVha, no hace más que prometer mejoras, viviendas, amparo y protección a las familias que se encuentran realmente en la necesidad. Todo lo que proclaman en los medios suena bonito y esperanzador, pero en la realidad, la que no sale en los medios, es otra cosa. En los dos años que llevamos «okupando» estas viviendas, nadie ha venido a conocer nuestra situación y menos aún a resolverla, o a intentarlo. Ni tan siquiera para informarse.
Lo que sí ha hecho la Generalitat es perseguirnos judicialmente por el delito de usurpación, sin tener en cuenta que existen solicitudes de alquiler de vivienda que no atienden, que estas viviendas están vacías desde hace ocho o nueve años, que de una vivienda destrozada hemos hecho, con nuestros medios, viviendas habitables, que seguimos solicitando que nos cobren alquiler por ellas. No quiero ser un «okupa», mi deseo es regularizar mi situación.
En mi humilde opinión, quien está usurpando bienes públicos son ustedes. Estas viviendas son de todos los valencianos. Nadie entiende la razón por la cual llevan vacías tantísimos años, habiendo tanta necesidad de vivienda y habiendo largas listas de espera y montañas de solicitudes. Me es inconcebible admitir que, por vía judicial, la Generalitat Valenciana expulse de una vivienda a una mujer amparada por violencia de género y con cuatro hijos menores a su cargo. Realmente, me pregunto quién está usurpando el qué.
Tengo en mi poder cantidad de cartas, solicitudes, escritos y documentos que avalan, desde el principio, mi voluntad de no delinquir por usurpación, que siempre he querido normalizar y regularizar mi situación. Sigo esperando contestación a mis cartas dirigidas a la concejala de vivienda y a la directora general del IVVSA/EIGE/EVha. Lo que también tengo en mi poder es el escrito del juzgado donde se fecha mi lanzamiento y expulsión de esta vivienda que «okupo» para el día 28 de junio.
No tengo dónde ir, no tengo familia ni amistades que me puedan acoger, no tengo dónde llevar mis muebles, enseres y ropas. No sé qué hará conmigo quien venga a desalojarme. Pero SÍ tengo la posibilidad de pagar el alquiler que teóricamente piden por esta vivienda.
Considero, en vista de las experiencias y casos vividos, que la Generalitat Valenciana actúa muy poco, mal y sin criterio para con las familias necesitadas y los sin techo, y considero que viven en una realidad de espaldas a la población que ellos dicen que protegen. Nos obligan a enfadarnos, a ser rebeldes, a desconfiar de políticos y administraciones. Nos obligan a vivir fuera de la Ley, a ser «usurpadores», «okupas».

Fernando Ayete López

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