El grupo municipal de Izquierda Unida ha anunciado que enviará a la Fiscalía Anticorrupción un escrito presentado en el registro del Ayuntamiento de Almoradí pidiendo que sean declaradas urbanizables las fincas que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, compró en este municipio y vendió pocos años después en una operación que le podría haber reportado más de 5 millones de euros y que está siendo investigada judicialmente. Izquierda Unida señala que la petición ha sido presentada por la empresa que compró las fincas a Hernández Mateo, dentro del periodo de exposición pública del concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almoradí, donde estas fincas quedaban como «Suelo no Urbanizable Común Transformable en Suelo Urbanizable cuando los sectores clasificados como suelo urbanizable hayan alcanzado cierto grado de desarrollo». La formación de izquierdas supone que «esa reserva es debida a la imputación que pesa sobre el alcalde de Torrevieja y que se encuentra en los tribunales de justicia de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento del [también] diputado autonómico», considerando que «el suelo está puesto en reserva a la espera de mejores tiempos procesales». El grupo sostiene que la empresa pide la conversión de este terreno a urbanizable aduciendo que está rodeado de fincas de las mismas características que sí son urbanizables, y apuntando a la «la falta de motivación en dejar precisamente esas parcelas sin poder urbanizar». IU finaliza esperando y exigiendo «que la justicia siga su curso, con la mayor celeridad posible, pues el tiempo produce indefensión y una justicia tardía no es justicia».
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