El portavoz adjunto del grupo municipal de Izquierda Unida, José Manuel García Mañogil, ha anunciado que recurrirá por la vía contencioso-administrativa «para restablecer la legalidad» el acuerdo de la Junta de Gobierno local de pago por uso de auditorios, una vez que ha sido rechazado el recurso de reposición interpuesto por la formación. El recurso del grupo, fundamentado en que este acuerdo se trataba realmente de una ordenanza, por lo que debía ser aprobado por el Pleno, fue rechazado en Junta de Gobierno por considerar que el acuerdo, al no fijar tasas, sino precios, «no ha de seguir el proceso de las ordenanzas» y que, para ello, en virtud de la Ley de Municipios de Gran Población, «se entiende competente a la Junta de Gobierno local». García Mañogil afirma que, aunque aún no se les ha entregado la resolución, espera que venga acompañada de informe jurídico, ya que, a su juicio, estas aseveraciones «no se sostienen legalmente de ninguna manera». El edil indica que estos precios se fijan por «ordenanza reguladora», a diferencia de las tasas, que se regulan por «ordenanza fiscal», y añade que la Ley de Municipios de Gran Población «no recoge dentro de las competencias de la Junta de Gobierno el aprobar el precio público, sino como ‘ordenanza reguladora’ le atribuye al Pleno su aprobación», lo que también establece la Ley de Haciendas Locales en su artículo 47, en un procedimiento utilizado, en palabras de García Mañogil, «en todos los Ayuntamientos de España».
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