José Manuel García Mañogil
Concejal de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Torrevieja
Las deficiencias denunciadas por usuarios y profesionales sanitarios del área 22 de salud y que Izquierda Unida de Torrevieja trasladó a las Cortes y al Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, sin ninguna recepción por parte de estos últimos, y la decadencia, forzada por el PP, del Hospital de Orihuela, demuestran lo inoperante e injusto de un sistema sanitario que, por su propia estructura, tiene que anteponer el beneficio privado al interés publico.
Aunque ya viene de lejos, incluso de antes de que se creara el departamento 22 de salud, estas últimas semanas estamos asistiendo a la conclusión del mal funcionamiento sanitario en la Vega Baja. Tanto el área 21, de gestión pública, como la 22 de gestión privada, están siendo objeto de las críticas de usuarios, profesionales, sindicatos, etc. Estas críticas, aunque, en términos generales, puedan parecen distintas en cada área sanitaria, en realidad son producto del mismo mal: el modelo sanitario que el Partido Popular está implantando en nuestra comunidad y cuyo último objetivo es la privatización total de la sanidad.
El crear el área 22 de salud, cosa que en principio debía ser positiva, fue la estrategia del PP para enfrentar ante los usuarios de una misma comarca la gestión pública con la privada, poniendo a la primera como algo inoperante mientras se alababan las bondades, con publicidad hasta el hastío, de la gestión privada.
Cuando la caótica situación del Hospital de Orihuela se encontraba al límite de lo soportable, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, llegó para «poner paz», y, si a esas alturas alguien tenía alguna duda al respecto, aclaró la situación: el Hospital de Orihuela «ni se cierra, ni se olvida, ni se hace para crónicos, ni se privatiza», e insistió en que, a pesar de que el Partido Popular estaba implantando en la Comunidad Valenciana el modelo de sanidad pública con gestión privada, como es el caso de Torrevieja, el Hospital de Orihuela será «de gestión pública». El conseller Cervera sólo lo podía haber expresado más claro si hubiera dicho que el Hospital de Orihuela es el que menos conviene privatizar su gestión en estos momentos, pero cuyo indefectible final no puede ser otro que el de caer en manos de alguna Unión Temporal de Empresas (UTE).
Si bien es cierto que el PP ya estaba poniendo en práctica desde hace algún tiempo el sistema sanitario privado en algunas de las comunidades que domina, como la madrileña, el modelo valenciano tiene un detalle significativo a diferenciar del resto: la atención sociosanitaria. Este modelo consiste en que cada UTE que se ha creado para gestionar cada hospital también controle la atención primaria y los centros de especialidades de toda su área (con un pago anual por cada usuario), y deja en manos de aseguradoras, cajas de ahorros y empresas de la construcción la total gestión de la sanidad. Este sistema ya afecta a un millón de valencianos.
La atención sociosanitaria no sólo encarece notablemente el coste y fomenta desigualdades en la asistencia en cuanto a los ciudadanos de la zona asignada y los que provienen de otras zonas (éstos se cobran aparte), también abandona la responsabilidad de la contratación de profesionales en manos del sector privado, que lógicamente intentará abaratar costes para obtener mayores beneficios.
Actualmente, países como Estados Unidos, que, junto con Canadá, son los mayores exponentes mundiales del liberalismo sanitario, ya están apostando por un sistema público de salud, como hemos podido comprobar en las recientes primarias entre Obama y Clinton. Lo que hasta hoy parecía, para algunos, el máximo exponente del sistema liberal ya está empezando a caer por su propio peso, que no puede ser otro que las obligaciones que tienen los gobiernos con sus gobernados contribuyentes de darles un servicio sanitario eficaz e igualitario.
Mientras tanto, en nuestro país, en la Comunidad Valenciana, el PP está desmontando el sistema público de salud y entregándolo por piezas al sector privado.
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