El gobierno, con el Real Decreto 1634/2006, perjudica gravemente a los usuarios de la tarifa nocturna eléctrica. En su día, hicimos una importante inversión para adaptarnos a la tarifa nocturna, pues el mismo Gobierno y empresas eléctricas nos lo proponían como alternativa económica y limpia de calefacción. Hoy día, hechas las inversiones, algunas muy recientemente, y aún no amortizadas, el Gobierno, espoleado por las empresas eléctricas, da marcha atrás y retira la tarifa, sustituyéndola por otra mucho más gravosa para nuestros intereses (un 45% más). Mi pregunta es si cualquier Gobierno, por muy legítimo que sea, puede saltarse a la torera algo tan importante en democracia como es la «seguridad jurídica», reconocida en el artículo 9.3 de la Constitución, que impide la retroactividad de disposiciones no favorables para los intereses de los afectados sin una compensación.
¿Se va a fiar alguien, de aquí en adelante, de este Gobierno, o de cualquier otro que salga de las elecciones (las dos posibilidades que hay apoyan este Real Decreto) cuando propongan a los ciudadanos invertir en algo que luego puede echar atrás?
Carmen Mallén
(Madrid)
Dejar una contestacion