La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y los otros dos concejales del PSOE, Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González, así como los concejales del partido independiente APSFU, Mariano Martí y Fina Reme, también en el equipo de Gobierno, pasaron el miércoles a engrosar la lista de políticos detenidos por la Policía Nacional en la localidad, tras la detención la pasada semana del ex-teniente de alcalde, Manuel Barrera, del partido independiente AIM, después de ser visto en un video aceptando un presunto soborno de dos constructores por valor de 5.000 euros. En el marco de esta operación, dirigida por el Juzgado nº3 de Orihuela, también ha sido detenido el abogado del Ayuntamiento, José Antonio Ramos. Al parecer, estas detenciones vendrían motivadas por las declaraciones ante el juzgado de Barrera, que, tras varios días en dependencias policiales, quedó en libertad con cargos, y con la obligación de presentarse ante el juzgado dos veces al mes. Barrera sostenía que su detención había sido fruto de una trampa perpetrada por los cinco gobernantes detenidos. El operativo policial se produjo en el Ayuntamiento y ante numerosos vecinos que se congregaron en las inmediaciones, entre los que se encontraba el propio Barrera. Por el momento, y a la espera de que los detenidos pasaran a disposición judicial, la alcaldía quedaba en manos del británico Mark Lewis (AIM), único teniente de alcalde en libertad. El alcalde accidental, que no habla castellano, junto con Peter Blake, tercer edil de AIM, que tampoco ha sido detenido, interpuso una denuncia contra Barrera por amenazas de muerte.
El PSOE suspende de militancia y abre expediente a los detenidos
Por su parte, la dirección del Partido Socialista del País Valenciano ha determinado suspender cautelarmente de militancia a los ediles socialistas detenidos, a la espera de que se diluciden los hechos que se les imputan, así como la apertura a los tres de un expediente disciplinario. La secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, insistió en que su partido seguirá tomando «medidas inmediatas y firmes contra los militantes que no respeten el estado de derecho», mientras que, señaló, «el PPCV no ha tomado ninguna contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a pesar del escandaloso caso que afecta al dirigente popular», así como con otros cargos electos del PP que han sido imputados en casos de presunta corrupción.
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