Hoy en día, no se cuestiona la irresponsabilidad de los directivos y gestores de fondos de inversión, grandes bancos y aseguradoras. Sus excesos nos han llevado a una crisis financiera y económica de escala mundial todavía no cuantificable. Ante ésta, aunque tarde, parece que nuestros gobernantes están reaccionando. Ahora bien, acudir al rescate de estas entidades financieras sin más, puede ser una nueva irresponsabilidad, si no se imponen límites. Por ello, se debe trabajar en la generación de nuevas regulaciones para evitar que esto vuelva a suceder y para que los irresponsables se sienten en el banquillo de los acusados, sean juzgados y paguen por sus delitos.
Por otra parte, nuestros gobernantes deberían mirar a la economía real, para limitar también las actuaciones irresponsables de las grandes empresas transnacionales que, con sus inversiones en países empobrecidos, están impactando social y ambientalmente, vulnerando los derechos humanos más elementales. En el caso español, Zapatero debería dejar de aplicar la doble moral. No se puede hablar de «alianzas de civilizaciones» y de llegar al 0’7% para cooperación al desarrollo y, por otra parte, realizar políticas en la dirección contraria. Ejemplo de ello es negar la inclusión de cláusulas en la Ley de Responsabilidad Ambiental, para que los estándares ambientales que nuestras empresas deben cumplir aquí sean extensivos a todos los rincones del planeta. O que nuestro Gobierno se tome en serio los convenios y declaraciones que firma. El año pasado, el Estado español ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y se aprobó en Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tomárselos en serio es empezar a trabajar para que las empresas transnacionales españolas cumplan con el mandato de dichos convenios en los países empobrecidos en los que operan y, si no lo hacen, sean juzgadas directamente en España. Hoy tenemos petroleras españolas ingresando en territorios indígenas y bancos españoles financiando proyectos que provocan graves impactos sociales y ambientales.
Pedirle, por último, que no acepte las reducciones de plantilla sin sentido que las grandes corporaciones automovilísticas pretenden, con la excusa de la crisis A ver si así erradicamos esa máxima acuñada por las grandes corporaciones: «privatizar beneficios y socializar pérdidas», y entramos a una etapa en la que el centro de las políticas del mundo no sean los beneficios, sino las personas y el medio ambiente.
Jesús Carrión
Observatorio de la Deuda en la Globalización
(Barcelona)
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