Recientemente leía en un diario de Cataluña un artículo sobre una determinada patología mental que está proliferando en exceso y que supone el 2% de la población, y, de este porcentaje, el 10% que quienes padecen esta enfermedad atentan contra sus vidas.
En este artículo, se hacía mención a través de sus jefes de servicio o responsables médicos de psiquiatría, de las labores y terapias que están realizando con los enfermos de Trastorno Límite de Personalidad.
Daba gusto leer a estos responsables, casi todos de los servicios de salud mental de Cataluña, contar cómo en esos centros trataban a estos enfermos, con unidades concretas especializadas. En otras comunidades autónomas, como Andalucía, País Vasco y Aragón, también están realizando un gran esfuerzo sanitario en atender y dar servicio a este tipo de enfermos.
Justamente en las Comunidades gobernadas por el PP no existe este tipo de preocupaciones sociales. Lo único que hacen es hacerse las víctimas frente al Gobierno central, que no les aporta el dinero que ellos solicitan, y, por si fuera poco, su única ilusión y objetivo es privatizar la Sanidad Pública. En esta cuestión, son plenamente coincidentes los gobiernos de doña Esperanza y el sr. Camps. Además, en estos días, recibo la noticia de que ONGs colaboradoras de la Generalitat Valenciana en cuestiones de salud mental se han puesto en huelga porque la Conselleria de Sanidad les adeuda dinero de hace varios meses, pese a haber justificado los gastos. Parece que el problema viene derivado por la pretensión de querer privatizar estos servicios, pese a que dichos servicios los ofertan mas caros que lo que actualmente están pagando a estas organizaciones sin ánimo de lucro.
Quisiera hacer una pequeña aclaración: estos días estamos viendo el caso de una enferma bipolar que es una figura mediática, y su ingreso unas veces en una clínica privada y otras en una pública.
Lo paradójico de esta situación es que en la clínica privada te pueden ingresar si tienes medios económicos para ello. Incluso, si el caso lo requiere y la familia lo solicita, ante un caso de atentar contra la propia vida, pueden dictar orden judicial para que sean ingresados involuntariamente los enfermos (a razón de 6.000 euros al mes).
La sanidad pública no funciona así. Si hay una emergencia vital, a través de un aviso telefónico al 112, acuden el Samu y la fuerza pública para asistir al paciente, pero luego es un infierno conseguir que el enfermo ingrese de urgencias y pase a la unidad de Salud Mental. Al final, si tienes la fortuna de ingresar al enfermo, en unos días le «nivelan» y le envían a casa, dándole el alta.
La salud mental no puede tener listas de espera de dos o tres meses. Estamos hablando de situaciones límite que atentan contra la propia vida. Así está la sanidad pública, en lo referente a enfermos mentales, al menos en las Comunidades de Madrid y Valencia, que son las que conozco personalmente.
Más concretamente, en el Hospital Público de Torrevieja, se han dado de baja la jefa del servicio de Salud Mental y dos psiquiatras. Según me han informado, sólo hay una psiquiatra en consultas y otro para el hospital. Posiblemente, en la fecha en que salga publicado este artículo, quizás hayan contratado alguno más. Les recomendaría a los responsables del Hospital que hicieran una encuesta de satisfacción a los usuarios de este área, ya que les gustan tanto las encuestas.
Ya va siendo hora de que los responsables políticos sean más sensibles con estos temas y creen nuevas plazas asistenciales para este tipo de enfermos, y, sobre todo, creen unidades especializadas en los hospitales de referencia, al igual que hacen otras comunidades como las de Cataluña, País Vasco y Andalucía.
Joaquín Garrido Mena
La complejidad de la Asistencia Sanitaria,en cualquier especialidad médica, se le escapa de su conocimiento o al menos se precipita en hacer juicios de valor en lo que respecta a los indicadores de calidad sanitaria. Debo decirle que nuestro Sistema Nacional de Salud es de los mejores del mundo, por no decir el que más, pero no es menos cierto que la universalidad de su cobertura genera un gasto desorbitado lo cual obliga a razionalizar la asistencia con criterios de eficiencia
No se si este señor Clemente, es algún responsable del Hospital. Estoy totalmente de acuerdo y no ignoro que nuestro Sistema Nacinal de Salud es uno de los mejores del mundo, y no se me escapa que hay que gestionar racionalizando los recursos, ya sea gestión pública o privada. Pero lo que no hay derecho que las citas de psiquiatria esten paralizadas desde el mes de Niviembre hasta nuevo aviso. De ahí mi interes y seguimiento por nuestra sanidad pública y no de gestión privada.
Efectivamente Sr. Garrido no hay derecho a lo que comenta y también a tantas y tantas otras cuestiones de indole sanitario. Debo decirle que uno de los problemas de la Sanidad es que el que padece el problema no es capaz de razonar, simplemente quiere su solución que en el caso de obtenerla, egoistamente hablaría en positivo del sistema. Lo que pretendo decirle es que muchos otros paises envidian nuestra cobertura sanitaria pública, que también tiene sus deficiencias como es el caso que expone.