Julián Carcaño Pareja
Ex-concejal y miembro de Los Verdes
Hace más de veinte años, un reducido grupo de personas de Torrevieja y de Orihuela acuñamos la expresión de Vega Siciliana para referirnos a las tramas político-empresariales que operaban en la Vega Baja en busca de beneficios rápidos a costa de escandalosas recalificaciones urbanísticas y del tráfico de influencias en la concesión de servicios y obras públicas.
Desde esas poderosas tramas corruptas -que controlaban y aún controlan diversos medios de comunicación locales y comarcales y contaban con el apoyo electoral de miles de votantes que pensaban que la corrupción no iba con ellos-, se empleó la artillería pesada para intentar aplastar a los pocos discrepantes.
Con el paso del tiempo se ha podido ver que la denominación Vega Siciliana tenía sentido, pues como ha señalado recientemente el diario “Información”, de las casi cien causas judiciales abiertas por corrupción política en la provincia de Alicante, la mitad corresponde a la Vega Baja.
Pese a la lentitud con la que hasta la fecha ha venido actuando la Justicia, ya son cinco los alcaldes enjuiciados por corrupción en la Vega Baja:
Luis Fernando Cartagena (PP), ex-alcalde de Orihuela y ex-conseller de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat Valenciana, fue denunciado en 1997 y condenado en marzo de 2002 a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental. También se vio envuelto en el Caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander.
Antonio Luis Meroño (PP), ex-alcalde de Dolores fue condenado en julio de 2002 a seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos por pagar con la Visa municipal dos facturas en un club de alterne en 1998.
José Joaquín Moyá (PSOE), ex-alcalde de Bigastro, fue detenido por corrupción urbanística en 2008 y condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en septiembre de 2012 en el caso de la subasta de fincas de La Pedrera. Tiene otras causas judiciales pendientes.
Pedro A. Hernández Mateo (PP), ex-alcalde de Torrevieja y ya ex-diputado en las Cortes Valencianas, fue condenado el 30-11-12 a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004, gracias a una denuncia de Los Verdes.
Tiene otras causas judiciales abiertas, entre ellas la del supuesto delito de tráfico de influencias, relacionado con la plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca rústica en Almoradí y que podría ascender a más de cinco millones de euros.
Trinidad Jiménez (PSOE), ex-alcaldesa de San Fulgencio, fue detenida junto a varios miembros de su equipo de gobierno en octubre de 2008 en medio de una rocambolesca historia de sobornos y cobro de comisiones. Tras la apertura de juicio oral decretado por un juzgado de Orihuela en diciembre de 2012, serán procesados por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Pero el plato fuerte está por llegar dentro del Caso Brugal, donde se están investigando hasta 17 tramas de corrupción distintas. Este caso, que se extiende por toda la provincia de Alicante y tiene ramificaciones en algunos municipios de Murcia, salpica de lleno a los responsables políticos de varios municipios de la Vega Baja. Entre ellos, figuran los ex-alcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, el alcalde de Callosa de Segura Javier Pérez Trigueros, los alcaldes de Algorfa, Jacarilla y Rafal, y concejales de Bigastro, Pilar de la Horadada y Cox.
Desgraciadamente, otras muchas corrupciones cometidas no llegan ni a los juzgados.
En una comarca tan castigada por el paro y la crisis como la Vega Baja, al igual que ocurre en el resto de España, la ciudadanía ya no sólo cierra los ojos ante los casos de corrupción, sino que se muestra indignada y exige castigos ejemplares para los corruptos.
Pese a la lentitud y a la falta de medios, algunas instancias judiciales parece que se quieren poner a la altura de las nuevas demandas de la sociedad sustanciando los casos de corrupción en defensa de la legalidad y del interés público.
Son los grandes partidos mayoritarios, especialmente el PP en la Comunidad Valenciana, los que se resisten a cambiar ante las nuevas exigencias sociales. Durante años han estado haciendo oídos sordos a las denuncias de corrupción hacia sus miembros, les han vuelto a poner en listas electorales e incluso les han blindado judicialmente al favorecer que salieran elegidos como diputados autonómicos. Y actualmente muestran una extraña parálisis y un estupor ante el cambio de tendencia de la sociedad. Sólo podrán recuperar algo de la credibilidad perdida cuando empiecen a depurar a los corruptos de sus filas y cuando sean ellos mismos quienes denuncien en el juzgado a sus propios afiliados sospechosos de corrupción.
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