La ocupación de suelo municipal por una congregación religiosa y la Media Maratón copan el debate plenario

» En el pleno extraordinario también se fiscalizaron las contrataciones para la prestación del servicio de telefonía y del servicio de limpieza en edificios públicos

El viernes 8 de abril se celebró el pleno extraordinario de fiscalización solicitado por la oposición, tras aportar la séptima firma que el alcalde exigía en virtud del auto de medidas cautelares del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Elche. Los grupos de la oposición coincidieron en criticar que el acalde hubiera convocado la sesión con “urgencia”, cuando no lo es, según expresaron, para que los ciudadanos interesados en seguir el control de la gestión del equipo de Gobierno “tengan las máximas dificultades para hacerlo”. El alcalde replicó que convocó el pleno en cumplimiento con el compromiso que adquirió días atrás. A pesar de esto, el PP aprobó la urgencia de la sesión -con los votos en contra de Los Verdes y PSOE, y la abstención de APTCe-, dando inicio al debate plenario. Aunque la oposición criticó a lo largo del pleno que los concejales del PP no entraran a debate y que utilizaran el turno de posicionamiento de voto para cerrar el punto sin dar opción a réplica. El PP votó favorablemente al “buen hacer” de todos los asuntos fiscalizados, mientras que los grupos de la oposición votaron en contra. Uno de los asuntos que coparon el debate plenario fue la fiscalización de la apropiación de suelo público por parte de un geriátrico y el colegio religioso La Purísima. En este punto, la concejal socialista Fanny Serrano criticó esta ocupación de suelo, pese a que en un informe del expediente de obras de ampliación del centro se advertía que la construcción no afectase a la zona verde que se quedaba en el interior del edificio. El concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, denunció que esta congregación religiosa se haya quedado con un patrimonio de suelo -que cuantificó en 3.401 m2- que tiene una alta “capacidad económica”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, acusó a la oposición de pretender “desprestigiar” a una congregación religiosa “que lleva más de 100 años de servicio en Torrevieja” en pro de la educación y de la asistencia a personas necesitadas. La oposición votó en contra del expediente ante la “falta de voluntad política” del PP.

“Amaño” en la adjudicación de la Media Maratón
Igual de destacada fue la fiscalización de las adjudicaciones de la organización de la Media Maratón de Torrevieja entre los años 2007 y 2013. La concejal de Alternativa Popular (APTCe), Marga Torregrosa, enumeró las posibles “irregularidades” en los expedientes de contratación de cada una de las ediciones. Torregrosa consideró llamativo que entre los invitados al procedimiento de negociado sin publicidad, desde 2009 hasta 2012, se convocara al grupo Brotons y a personas físicas presuntamente vinculadas a esta empresa, que finalmente resultó adjudicataria en todas estas ediciones, según explicó la edil. Entre los aspectos denunciados por Los Verdes destacó que la empresa cobró las inscripciones en un primer momento cuando el pliego no recogía este aspecto. El grupo también criticó que desde 2009 el coste de organización no ha bajado de los 50.000 euros, matizando que supone un gasto mayor que el de otros municipios donde esta empresa organiza este mismo evento. El edil manifestó que se trata de una “golfería” y un “amaño”. En estos mismos términos se pronunció el concejal socialista Javier Manzanares, quien consideró que la adjudicación del evento ha sido presuntamente “delictiva”, señalando que probablemente tenga “consecuencias legales”. El edil explicó que 11 días antes de formalizar el pliego y 43 días antes de formalizar su oferta, esta empresa se adjudicó la organización del evento mediante la publicación de un vídeo promocional. “Con lo que pagamos aquí organizamos las medias maratones de toda la provincia”, apostilló. Por su parte, el concejal de Deportes, Luis María Pizana, acusó a la oposición de intentar “sembrar dudas” sobre este evento en las mismas fechas en las que se celebraba la media maratón más importante de la provincia en Santa Pola. También recordó el importante ahorro producido en la edición de este año.

Sin contrato de telefonía
Sobre la fiscalización del procedimiento seguido para la contratación de la prestación del servicio de telefonía, el concejal de Los Verdes, José Hurtado, explicó que un informe del interventor se advertía de que «no existe contrato» de telefonía sino un acuerdo suscrito por un concejal que, según el informe, «no cumple con los requisitos necesarios para su validez». También afirmó que a día de hoy «sigue sin existir contrato para cubrir este servicio”, lo que motiva que las facturas se tengan que pagar mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos. Hurtado tildó la situación de “impresentable” por ser, a su juicio, un “incumplimiento gravísimo de la ley de contratos”. Al parecer, en enero de este año el Ayuntamiento abrió un concurso para la prestación de este servicio mediante un procedimiento de negociado sin publicidad que, finalmente, quedó desierto. Serrano, del PSOE, denunció que “durante 13 años se han pagado facturas millonarias sin tener ningún tipo de contrato administrativo legal”. Asimismo, advirtió de que todos los concejales que votaran a favor “son responsables civil y penalmente, porque así lo dice la ley”. El concejal portavoz popular, Joaquín Albaladejo, defendió que lo que se fiscalizaba en el pleno era el intento de efectuar una contratación administrativa de la telefonía y tachó de “deleznable”, según manifestó, que se haya pretendido “amenazar” a los concejales del PP.

“Trampa»
El último punto se relacionó con la contratación de la prestación del servicio de limpieza en los centros escolares y dependencias municipales. El portavoz del PSOE Ángel Sáez acusó al equipo de Gobierno de intentar una experiencia piloto con las trabajadoras, aunque celebró que esta “trampa” les saliera mal porque éstas se movilizaron en contra del nuevo pliego de condiciones. Sáez explicó que este pliego supone una rebaja de 300.000 euros respecto al anterior, en concreto, criticó que supone “una disminución de 50.000 horas de trabajo”, que equivalen al despido de 38 trabajadores o la reducción de jornada con sueldos que oscilarían entre los 300 y 400 euros. Dolón, de Los Verdes, denunció que con el nuevo pliego se aumentan a setenta los edificios a limpiar a pesar de que se rebaja la cantidad del contrato. Para Dolón, el nuevo pliego provocaría el despido de 34 trabajadores o la reducción en un 40% de los salarios de la plantilla. Por ello, pidieron que se respeten las condiciones salariales de las trabajadoras y se aumente la partida económica. En este sentido, Albaladejo salió del paso afirmando que el PP es consciente de las peticiones de los ciudadanos de la necesidad de “optimizar” los recursos económicos, “con la premisa de mantener la plantilla”, subrayó.