La segunda quincena de agosto y la primera de septiembre, publicamos por este medio el litigio que por aquellos días mantenía con el Juzgado de Instrucción nº2 de Torrevieja. Tanto mi hijo como yo habíamos estado a punto de ser atropellados por una persona que indudablemente se había puesto al volante preso de la acción producida por el alcohol o cualquier otra alienante droga. Como recordaréis, mis queridos lectores, tras la denuncia de lo que pudo ser un fatal accidente, fuimos llamados a juicio como denunciantes de dicho delito. Ya estando en Torrevieja -tanto mi hijo, estudiante en Madrid, como yo mismo, profesor en la misma localidad-, tuvimos que ausentarnos de nuestras labores durante dos días para que en el día del juicio se nos dijera que el juicio se aplazaba porque la parte denunciada no había sido encontrada. A la señora Juana, la magistrada, su por entonces secretario judicial y la cohorte de burócratas que allí se mueven, no se les ocurrió otra cosa que excusarse en que no tenían por qué avisarme al menos tres o cuatro días antes, como yo aconsejé que se debiera haber hecho, para ahorrarnos el viaje y las molestias que nos causaron. Por el contrario, incidían en que ellos no tenían por qué avisar con tal lapso de tiempo, que si nos gustaba bien y que si no, también. Tal es la arrogancia con que algunos organismos oficiales muestran con la ciudadanía… mientras que el soberano se lo permita. El hecho es que yo lo denuncié en el Ministerio de Justicia y ahora se nos ha dado la razón y se nos indemniza. Entonces, queridos y queridas lectores y lectoras, significa esto que no es momento de pasividad ni de escepticismo. Tenemos unos deberes que cumplir pero también unos derechos que reclamar como ciudadanos. Con la fuerza que nos da la dignidad y el arma de la razón, perseveremos y venceremos.
Alfonso
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