El PP aprueba una modificación de créditos del presupuesto para el pago de expropiaciones forzosas

» Aprobado el PRI del edificio anexo al Ayuntamiento, pese a que la oposición considera que ni los concejales ni los ciudadanos han podido participar

El PP aprobó en solitario, con los votos desfavorables de la oposición, una modificación de créditos del presupuesto de 2013 prorrogado para 2014. Según explicó el concejal de Hacienda, Joaquín Albaladejo, esta modificación se ha realizado en cumplimiento del Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado en el Pleno de septiembre y aprobado por la Generalitat Valenciana el 27 de diciembre. Por ello, hasta que se apruebe el presupuesto definitivo de 2014, se anticipan las anualidades derivadas de las expropiaciones forzosas y se detraen de los «gastos voluntarios», que volverán a tener contenido económico en el presupuesto de 2014. El concejal de Los Verdes, José Hurtado, detalló que con esta modificación de créditos se pretende adelantar al 2014 las anualidades derivadas de las expropiaciones forzosas, por valor de 5,2 millones de euros, así como la suma de la deuda liquidada por la Agencia Tributaria en concepto de IVA, por valor de más de 1 millón de euros, lo que sumaría un total de 6.327.000 euros. Hurtado recordó que Los Verdes venían denunciando que existía una «deuda oculta» que podría afectar a los presupuestos como consecuencia de la «nefasta» política urbanística que ha venido desarrollando el PP. «El tiempo nos da la razón», apostilló. El edil enumeró algunas de las partidas más significativas que se han eliminado para el pago de las expropiaciones como la ayuda de bonotaxi, becas de juventud, ayudas a pensionistas, subvención para el pago del recibo del agua, premios, ayuda de bonoguardería, subvenciones a colegios y AMPAs, el programa vivienda joven, subvenciones de transporte y comedor. Por su parte, la concejal socialista Fanny Serrano criticó la forma de tramitar esta modificación de créditos así como el retraso para sacar adelante el presupuesto de este año. Para Serrano, «hay otras partidas susceptibles de sufrir estas reducciones que, aunque sean temporales, lo que van a ocasionar es que mientras esté en vigor este suplemento de créditos no se van a poder realizar los pagos de las que estén a cero euros». Asimismo, Serrano preguntó si el Ayuntamiento ha cobrado los 3,5 millones de euros que la Generalitat Valenciana adeuda al Consistorio, indicando que con este dinero se podría hacer frente a estos pagos. Por su parte, Albaladejo aseguró que estas expropiaciones no se han pagado antes porque «se ha estado luchando con los propietarios para tener la mejor opción para el Ayuntamiento», y culpó al PSOE que aprobó el PGOU en el año 1986.

«Vicio de nulidad»
También aprobó el PP con sus únicos votos la propuesta de ordenación del Plan de Reforma Interior (PRI) del edificio anexo al Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, explicó la propuesta de cambiar la tipología de «manzana densa» a «edificación singular», que permitirá una composición arquitectónica diferente del edificio, y eximir de la obligatoriedad de edificar un mínimo de cuatro plantas. Con esto, el equipo de Gobierno pretende lograr un ahorro considerable reubicando en el nuevo edificio los servicios municipales que actualmente se prestan en otros locales sin titularidad municipal. Tanto PSOE como Los Verdes coincidieron en pedir que se quedara sobre la mesa, por considerar que ha habido «un vicio de nulidad en el periodo de exposición pública» en el que no han podido participar los ciudadanos ni los concejales. Los Verdes criticaron una serie de «deficiencias», entre ellas, que el acta de la Junta de Gobierno que aprobó el PRI se entregó a la oposición «el día que vencía el plazo de exposición pública» y que se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana en lugar de en el Boletín Oficial de la Provincia, que es lo habitual, según indicaron. Moreno aclaró que el documento de planeamiento estaba disponible en la concejalía de Urbanismo y consideró que los trámites han sido los correctos.

División de las basuras
En el punto de ruegos y preguntas, el presidente del comité de empresa de Acciona, Juan Osuna, preguntó por la división de la contrata de las basuras, al tiempo que aprovechó para recordar al alcalde que esta semana se reúnen con los técnicos municipales, aunque aseguró que mantienen su postura firme al rechazo de la división del servicio en dos contratos distintos por considerar que perjudicará a los ciudadanos y a los propios trabajadores.

Conciertos
Entre los decretos de Alcaldía de noviembre de 2013, el portavoz socialista Ángel Sáez destacó el decreto por el que se contrató la actuación de Rosendo y Mägo de Oz, por valor de 14.000 euros, «dinero que sale de los dineros de todos los torrevejenses», apuntó. Según el decreto, la recaudación de la taquilla estimada en unos 23.000 euros también se le abonarían a la empresa. El edil criticó que, además, «ponemos la electricidad del espectáculo, el lugar, dos conserjes, seis peones, un taquillero y un coordinador». Para Sáez, «lo realmente asombroso es que Torrevieja no se queda absolutamente nada». Los socialistas han recogido la petición del alcalde realizada en Pleno para que el PSOE estudie y proponga distintos espectáculos artísticos y culturales para que se contrate de una forma más económica y rentable para la ciudad.

«Barbaridad»
En otro orden de cosas, salió adelante de forma definitiva la ordenanza de la tasa de Cementerios, que subirá un 95,52%. Los Verdes, cuya alegación fue desestimada, consideran «inadmisible» la subida de esta tasa cuando, según afirman, «hay muchas familias que lo están pasando mal» por la crisis, y pidieron que la ordenanza especifique que se exime del pago a quienes carezcan de recursos económicos. El concejal socialista Domingo Pérez tildó este incremento de «barbaridad», asegurando que «la situación es angustiosa y lo será mucho más si se empiezan a subir tasas». El concejal de Cementerios, Javier Montoro, explicó que un informe técnico advertía al Ayuntamiento que, de no actualizar la tasa, las pérdidas ascenderían a 179.000 euros. «Gobernar no es fácil», aseguró, añadiendo que «hay que mantener en la medida de lo posible los servicios que prestamos».