El tesoro de las basuras

Julián Carcaño Pareja
Miembro de Los Verdes de Torrevieja

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y del parón sufrido en las grandes obras públicas, las grandes constructoras del país y ciertos fondos de inversión han redoblado sus esfuerzos por apoderarse de los yacimientos de oro que suponen las concesiones y las privatizaciones de los servicios públicos, contando para ello con la complicidad de representantes políticos en diversas Administraciones Públicas.
Los políticos privatizadores intentan difundir la idea de que la privatización de los servicios públicos es más eficaz y resulta más barata para las arcas públicas. Pero, en la mayoría de las ocasiones, se acaban descubriendo las trampas cuando el contrato ya está adjudicado o el servicio privatizado.
La primera trampa es adjudicar el concurso público a la oferta que inicialmente parece más barata, pero luego suben sensiblemente el precio acordado inicialmente con ampliaciones y modificaciones del contrato. La segunda es permitir que las empresas adjudicatarias aumenten sus beneficios con reducciones de plantilla y bajadas de sueldo de los trabajadores, así como la mengua de los servicios que prestan, lo que empeora la calidad del servicio y es fuente de conflictividad. La tercera trampa, en muchos casos, consiste en detraer dinero público con prácticas corruptas.
Uno de los tesoros que más buscan esas empresas es el de las basuras municipales, en donde ven contratos duraderos con grandes beneficios y sin ningún riesgo empresarial. Es un campo abonado para el desarrollo de muchas corrupciones, como demuestra el Caso BRUGAL, sobre gestión y tratamiento de basuras en municipios de la provincia de Alicante. La investigación del caso empezó en 2006 y en su abultado sumario figuran ya más de 100 imputados.
Torrevieja y Orihuela son los dos grandes municipios de la Vega Baja que nos permiten comparar la rentabilidad respectiva de sus servicios de recogida de la basura.
En el caso de Orihuela, el servicio fue municipalizado. Según las cuentas mostradas recientemente por el alcalde Monserrate Guillén, se ha cumplido con lo establecido y el gasto en 2013 ha sido inferior a los 8,8 millones de euros presupuestados, y sin recortar los derechos de la plantilla. Si no se hubiera municipalizado el servicio, la UTE que antes lo gestionaba de forma privada habría cobrado 10,5 millones de euros en 2013.
Al convertirse en un servicio municipalizado, no se paga el 21% de IVA, ni el 6% de beneficio industrial, ni el 12% de gastos generales.
A la vista de estos datos, se pueden entender las arremetidas políticas de la llamada “mafia de las basuras” contra el alcalde verde de Orihuela.
En Torrevieja, el servicio de las basuras fue adjudicado a una UTE de empresas privadas en el año 2004, a razón de 9,78 millones de euros anuales durante diez años.
Pero, según desvelaron Los Verdes y como consta en el expediente de la valoración realizada por el economista municipal, de los 9.780.000 € que se fijaron en el contrato para su primer año de vigencia, se ha pasado a los más de 15.100.000 € de coste en el año 2013.
El contrato por 10 años de las basuras de Torrevieja, previsto en 97,8 millones de euros, se ha disparado hasta los 143 millones de Euros (23.793 millones de las antiguas pesetas). En el desarrollo de este contrato se han detectado múltiples deficiencia en el servicio e incumplimientos de diversas cláusulas contractuales.
El amaño en el proceso de adjudicación del contrato de las basuras de Torrevieja en 2004 a una UTE privada, que fue denunciado por Los Verdes, acarreó la condena a tres años de cárcel y a nueve de inhabilitación del ex-Alcalde popular Hernández Mateo por los delitos de falsificación documental y prevaricación continuada. La Justicia se centró en los aspectos formales del proceso de la adjudicación sin entrar a investigar el beneficio que pudo obtener el ex-Alcalde corrupto a cambio del amaño en la adjudicación.
Una de las conclusiones del reciente Informe sobre Corrupción en la U.E. elaborado por la Comisión Europea es que uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España se pierde en prácticas corruptas. O sea, los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas.
Resulta obvio que detrás de muchos planteamientos de privatización de los servicios públicos, lejos de pretender su mejora, lo que se busca es beneficiar a determinados empresarios amigos (o donantes), que obtienen beneficios exorbitantes despidiendo a trabajadores y empeorando la calidad del servicio, y, de paso, meter las manos corruptas en el botín del dinero público.