Los ciudadanos de a pie estamos acostumbrados a oír decir que los casos de corrupción deben ser resueltos por los tribunales y por tanto la ciudadanía no tiene nada que decir sino esperar el dictamen de los tribunales de justicia.
Los partidos afectados hacen un uso abusivo de su posición privilegiada e intentan confundir homologando la virtud y la decencia política con el delito cuando a menudo la distancia a un delito fiscal es de tan solo de céntimos de euro, sin que ello signifique que no hayan robado al pueblo. Sin embargo, la virtud política poco tiene que ver con el delito, y sí con la imagen que se proyecta al ciudadano de máxima confianza en su responsabilidad. Si esa imagen tiene la más mínima sombra de duda, se debe apartar automáticamente a ese político porque ha perdido el principal crédito de un servidor público, que es la confianza del administrado. Está socialmente incapacitado para desarrollar cualquier función publica hasta que no se aclare la situación.
Estos tiempos no se definen precisamente por la decencia pública, sino más bien lo contrario. Hay partidos que defienden sus intereses a toda costa y en toda circunstancia. El ciudadano tiene una única opción válida si no quiere que los hechos se repitan una y otra vez, y es convencerse de que son los propios ciudadanos quienes tienen que defender sus intereses, ¿cómo?, pues poniendo un alto precio a las virtudes públicas y exigiéndoselas a los políticos, y castigando duramente las conductas reprobables; los ciudadanos deben ser intolerantes con las conductas desviadas. Desgraciadamente, hasta hoy se siguen premiando esas conductas no virtuosas, incluso las que ya tienen una condena de la justicia. Si los ciudadanos no corrigen ese comportamiento, la corrupción formará parte de la vida pública, entrando en otros terrenos, y ello constituirá la muerte de la sociedad civil.
Antonio Lora Jiménez
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