José Manuel Dolón García y José Hurtado Paredes
Concejales de Los Verdes de Torrevieja
La reciente imputación judicial de dos concejales del PP y de dos personas de confianza del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja por el escándalo de los móviles, pone en evidencia el poco calado que tiene entre sus filas el discurso del President Fabra cuando dice apostar abiertamente por la regeneración política.
A estas alturas nadie se cuestiona la palpable evidencia de las numerosas llamadas detectadas en las facturas telefónicas de las que era titular el Ayuntamiento de Torrevieja y que fueron abonadas con dinero público, absolutamente ajenas a los menesteres que como concejales y personal de confianza tenían los ahora imputados.
Así pues y a dos años de haberse conocido el escándalo de los móviles, resulta del todo inexplicable que todavía permanezcan en sus cargos los responsables de haber hecho un mal uso de dichos teléfonos municipales, y que se haya querido tapar y justificar con la única salida del entonces Concejal de Deportes, Daniel Plaza.
Está claro que un partido político no puede forzar la dimisión de un concejal que se ha presentado en sus listas salvo cuando es condenado a inhabilitación o a cárcel en sentencia firme, siendo éste a todos los efectos el titular de su escaño, según determina la actual Ley Electoral, pero lo que sí que puede hacer es expulsarlo del Grupo Municipal al que pertenece, dándole la adscripción de no adscrito, como se hizo en las Cortes Valencianas con el Diputado Rafael Blasco pocos meses antes de ser condenado por el TSJCV, cuando el P.P. ya no pudo seguir tapando las clamorosas evidencias del escándalo de corrupción que supuso el saqueo del dinero destinado a programas de ayuda al tercer mundo de la Conselleria de Cooperación.
Queda pues muy claro que a un Concejal no se le puede obligar a dimitir, aunque sí que se le puede expulsar de su Grupo Municipal, pero este no es el caso de los altos cargos y de las personas de confianza nombradas a dedo, con los que lo único que hay que hacer es cesarlos, firmando el Alcalde el preceptivo decreto para ello, como ya se hizo con el asesor Graham Knight, pero claro no para que pasara a su nueva condición de jubilado, como fue el caso, sino como medida ejemplar y sancionadora por haber hecho un mal uso de un teléfono y de un dinero público.
Ante todo esto y el escándalo que ha representado, cabe preguntarse por qué motivos y bajo qué criterios el Alcalde Eduardo Dolón no ha cesado a las personas de confianza que hicieron un uso indebido de los teléfonos móviles municipales y consecuentemente del dinero público. ¿Cómo se explica que todavía siga manteniendo en el cargo de persona de confianza a la asesora de fiestas, Juana López, después de haberse comprobado y acreditado que a altas horas de la noche realizaba cientos de llamadas para probar suerte en concursos con premio de conocidos programas televisivos, tal y como pudo fehacientemente constatarse en las facturas abonadas por el Ayuntamiento?, o acaso declaró en su descargo, como ya hizo otro de los implicados y se le ha aceptado como justificación, que fue una sobrinica suya quien marcó los números involuntariamente mientras jugaba con el móvil.
Lo cierto y verdad es que las proclamas y medidas del President Fabra para regenerar la vida política no llegan ni se aplican en Torrevieja, donde se sigue actuando con el viejo estilo y las formas con las que un Alcalde corrupto gobernó durante casi 24 largos años.
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