Julián Carcaño Pareja
Ex-concejal y militante de Los Verdes
En Torrevieja hay un lujoso Auditorio-Conservatorio, con capacidad para 1.800 espectadores y 240 alumnos, en el que el anterior gobierno valenciano del PP invirtió la friolera de 53 millones de euros, cuyo mantenimiento cuesta 360.000 euros al año ¡y que está cerrado!
Cuando se inauguró hace 4 años, el PP dijo que su coste era de 34 millones; hace pocos meses, finalizando el anterior mandato electoral, el PP elevó el coste 42 millones; pero el nuevo Gobierno Valenciano acaba de desvelar que la inversión real fue de de 53 millones de euros.
Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Europea que señala que los corruptos se quedan en España con el 25% del importe de las obras y contrataciones públicas y, a veces, hasta con el 50%, no estaría de más que la Generalitat Valenciana investigara en detalle el disparatado e incrementado coste del Auditorio.
El PP lo inauguró a toda prisa el 25 de marzo de 2011 por motivos electoralistas, ante más de 1.500 personas y gastando más de 100.000 euros de los torrevejenses.
El President Francisco Camps, aquejado de la enfermedad de los trajes de la Gürtel, no pudo asistir como estaba previsto a la inauguración del Auditorio, que corrió a cargo de la Consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró, muy bien flanqueada por el aún alcalde y diputado autonómico Hernández Mateo y por el entonces candidato del PP a la alcaldía Eduardo Dolón.
En febrero de 2012, el edil José Hurtado comunicó a la opinión pública que Los Verdes habían descubierto una Resolución de la Conselleria de Gobernación fechada el 26 de enero de 2012 (o sea, nueve meses después de la electoralista inauguración) por la que se había denegado la apertura del Auditorio al dejar en suspenso la licencia de Apertura y de Actividad, “debiendo el Ayuntamiento subsanar las deficiencias detectadas en las obras y en la documentación del expediente”.
Ese informe de Gobernación detectaba deficiencias en la aplicación de las normativas de señalización, iluminación, contra incendios, obras, accesibilidad y autorización de compatibilidad, indicando incluso los requisitos que deben de incluirse en el certificado final de obra para que sea admitido para la concesión de la licencia de apertura.
Tras desvelarse esa información de la Conselleria de Gobernación, como era habitual en el gobierno oscurantista y mentiroso de Eduardo Dolón, que seguía la misma línea de su predecesor en el cargo, desde las filas del PP local saltaron diciendo que las deficiencias «están subsanadas» por lo cual Los Verdes «vuelven a mentir», en palabras textuales del entonces Concejal de Cultura Luisma Pizana. Pero el PP nunca proporcionaba la documentación a los representantes de la ciudadanía en la oposición ni a la opinión pública y la propia Resolución de la Conselleria de Gobernación del PP les desmentía.
Los Verdes calificaron de «temeridad» la actuación del PP por abrir un edificio sin licencias, poniendo en riesgo «la seguridad de miles de personas que por desconocimiento han asistido a las actuaciones y actos allí programados». La irresponsabilidad del PP con tal de darse un barrigazo electoral fue más que evidente.
En el caso del Auditorio, se vuelve a repetir una vez más la tenaz coincidencia de que allá por donde pasa el Partido Popular vuelan los millones y florece la ilegalidad.
Muchos desearíamos que esa enorme cantidad de dinero gastada en el Auditorio se hubiera empleado en traer el tren a Torrevieja, en hacer un parque de viviendas sociales o en ayudar a las familias más necesidades, pero ya no hay vuelta atrás. El gasto ya está consumado y ahora hay que intentar rentabilizar unas instalaciones que están cerradas y cuyo mantenimiento cuesta 360.000 euros al año a los sufridos contribuyentes valencianos.
Por ello, el actual gobierno de Torrevieja ha planteado a la Generalitat la necesidad de que haya un acuerdo de cesión que confiera más libertad al Ayuntamiento a la hora de usar el Auditorio, dándole un uso comarcal. También pide que se realice una revisión de las instalaciones que permita conocer el estado real de las mismas para que la posible cesión se haga en las debidas condiciones.
Uno de los aspectos relevantes es la cuestión relativa al IVA, debido al elevado importe que va a suponer dado el valor del inmueble, por lo que el alcalde José Manuel Dolón, que no tiene ni un pelo de tonto, ha señalado que «habrá que estudiar cómo se puede hacer sin que sea lesivo para los intereses del Ayuntamiento y de la Generalitat».
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