Julián Carcaño Pareja
Militante de Los Verdes de Torrevieja
El informe del Organismo de Control Autorizado (OCA) concluye que “los defectos en las instalaciones o la falta de las mismas han sido subsanadas” con las obras de seguridad, emergencias y contra incendios realizadas en el teatro. Pero para que se pueda abrir la instalación se precisan las licencias de apertura y de actividad y la condición previa para obtenerlas es que se disponga del certificado del final de obra firmado por el arquitecto responsable del proyecto.
Conviene recordar los aspectos más relevantes del escándalo del teatro.
Las obras del Teatro Municipal de Torrevieja, que comenzaron en diciembre de 2003, fueron adjudicadas a la empresa NECSO-ACCIONA por un presupuesto de 6.429.191 euros (diez veces superior al de las obras de “restauración” que derribaron el Nuevo Cinema).
Tras su inauguración el 28 de junio de 2006 por el president Francisco Camps, el PP permitió que estuviera funcionando de forma ilegal durante 9 años. Como afirmó la edil de urbanismo, Fanny Serrano, el teatro nunca debió de abrirse al no tener la certificación del final de obra y carecer de las licencias de apertura y de actividad.
En febrero de 2011, seis años después de su inauguración, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento (PP) aprobó el extraño pago a Acciona de un sobrecoste de la obra por un importe de 3,4 millones. Los técnicos municipales no pudieron certificar que esas obras se hubiesen realizado. La denuncia tramitada por el sobrecoste de las obras ocultas del Teatro Municipal es objeto de instrucción judicial.
El 26 de febrero de 2015 la Generalitat Valenciana sancionó al Ayuntamiento de Torrevieja con 6.000 euros por mantener abierto un teatro municipal que carecía del certificado de fin de obra y de la licencia de apertura. Aunque el gobierno autonómico advirtió entonces que el edificio debía cerrarse, el gobierno local de Eduardo Dolón hizo caso omiso.
El informe de la OCA en el que se detallan todos los defectos de la obra y todos los elementos que se tenían que subsanar en el edificio del teatro, encargado por el anterior gobierno local, entró en el Ayuntamiento el 12 de junio de 2015, un día antes de que el actual alcalde José Manuel Dolón tomara posesión del cargo. El actual gobierno ha sido el encargado de resolver todos los requerimientos de aquel informe que sirvió de base a la Conselleria para determinar el cierre de las instalaciones.
El 3 de septiembre de 2015 el Ayuntamiento acata la orden de la Conselleria de Justicia de clausurar temporalmente el teatro por no disponer de licencia de apertura ni de certificado del fin de obra del director del proyecto y al objeto de resolver las graves deficiencias del edificio.
El 28 de junio de 2017 el alcalde comunica que el informe de la OCA indica que se han subsanado los problemas del edificio y que sólo falta la certificación del fin de obra para que se puedan obtener las licencias de apertura y de actividad. En la línea de solucionar esto cuanto antes, el Ayuntamiento ha enviado cartas al arquitecto redactor del proyecto, al director de la obra, al aparejador y a Acciona, con el objetivo de conseguir la firma del fin de obra.
La pregunta es pertinente: ¿Qué hizo o permitió que se hiciera hace once años el gobierno local del PP para que el arquitecto decidiera no firmar el certificado del fin de obra del Teatro de Torrevieja?
Quizás el arquitecto no estuvo de acuerdo con la realización de la obra; de hecho hay deficiencias graves que se acaban de subsanar. También es posible el arquitecto reclamase a la empresa constructora los honorarios correspondientes al sobrecoste de 3,4 millones que se embolsó.
Aquí se produce otro aspecto escandaloso de la pésima gestión del teatro que hizo el PP: la anterior junta de gobierno de Eduardo Dolón devolvió la fianza a la empresa constructora a pesar de que no se había obtenido el fin de obra y de las carencias de seguridad del edificio. Por ello, las obras realizadas para solucionar los problemas que dejó Acciona han vuelto a costar dinero al Ayuntamiento.
En palabras del alcalde, José Manuel Dolón, “es un escándalo que una obra que costó 9,7 millones de euros (3,4 millones más del precio pactado en contrato) no cuente con el preceptivo y obligatorio final de obra, y que encima le hayan devuelto los avales por 500.000 euros a la empresa adjudicataria. Ese es el verdadero problema, que es responsabilidad única del PP”. ¡Menudo marrón ha dejado el PP!
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