El pluriempleo incomplatible de Albaladejo

Julián Carcaño Pareja
Militante de Los Verdes de Torrevieja

Recientemente, el Alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha recordado la denuncia ganada por Los Verdes contra el secretario general del PP de la localidad. “Se ganan las demandas que ponemos y él lo sabe, lo que ocurre es que trata de ocultar este tema tan vergonzoso”, dijo Dolón en referencia a la sentencia que declaró la incompatibilidad de Joaquín Albaladejo y de la que se está a la espera de que se solvente el recurso y tenga que devolver un dinero que nunca debería haber ingresado.
El alcalde anima a ver la declaración de bienes del paso de Albaladejo por el consistorio “al entrar y salir como concejal, donde podrá apreciarse que era muy provechoso mantener la compatibilidad en el sector privado con su condición de concejal en el Ayuntamiento de Torrevieja”.
Tengo la impresión de que, tarde o temprano, el actual diputado del PP tendrá que devolver todo lo que cobró de forma indebida de las arcas municipales, como ya ha ocurrido en Boadilla del Monte.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia que ya dictó en 2013 anulando el acuerdo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que aprobó en mayo de 2008 una subida ilegal de sueldos para el entonces alcalde del PP, Arturo González Panero, alias ‘El Albondiguilla’–imputado en el caso Gürtel-, sus ediles, sus cargos de confianza y todos los empleados municipales.
Ese acuerdo fue ilegal y, en consecuencia, El Albondiguilla y sus amigos y más de 400 funcionarios deberán devolver años de subidas ilegales.
Algo más grave que lo de Boadilla del Monte, aunque referido a un solo sujeto, ocurrió en Torrevieja: el PP utilizó su mayoría absoluta en 2007 para vulnerar la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y favorecer a uno de los suyos.
En octubre de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche dictó sentencia declarando nulo el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torrevieja de fecha 24.09.2007 por el que se aprobó la compatibilidad solicitada por el entonces Concejal de Hacienda Joaquín Albaladejo Martínez para ejercer sus actividades privadas como como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y gestor inmobiliario del BSCH, mientras percibía el sueldo público de concejal con dedicación exclusiva.
La sentencia subraya la incongruencia de la declaración de compatibilidad de Albaladejo al señalar que el ejercicio de esas tres actividades no pueden considerarse como «marginales» porque cada una de ellas absorben un tiempo importante al profesional que las ejerce, de manera que no pueden ser compatibles con el cargo de concejal en régimen de dedicación exclusiva.
Ante el evidente conflicto de intereses entre sus negocios privados y su actividad pública, la sentencia también resalta que “los conocimientos de primera mano que el concejal podía tener sobre la planificación urbanística del municipio ya eran razón suficiente para que se le denegase la compatibilidad solicitada”.
Durante el mandato municipal 2007/2011, Albaladejo mantuvo la situación de incompatibilidad entre sus negocios privados y sus actividades públicas municipales (Concejal, Primer Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Popular), percibiendo del ayuntamiento unas retribuciones anuales de 46.200 €. Esto explica el agradecimiento que Albaladejo siente por su mentor, el entonces alcalde Pedro A. Hernández Mateo.
Siendo alcalde Eduardo Dolón, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta para que el ayuntamiento recurriera ante el T.S.J.C.V. la sentencia del juzgado de Elche. A su vez, Los Verdes también pidieron que la justicia procediera a cuantificar y a ordenar la devolución de las cantidades que el hoy diputado Joaquín Albaladejo cobró ilegalmente del Ayuntamiento de Torrevieja durante el mandato municipal 2007/2011. Estamos a la espera de que se resuelvan estos recursos judiciales.
Los casos de El Albondiguilla y de Albaladejo son paradigmáticos de la forma espuria con la que el PP utiliza sus mayorías para beneficiar económicamente a sus propios cargos públicos aun a costa de vulnerar la ley.
Los que no tienen el menor rubor en ponerse grandes sueldos públicos son quienes han decidido que los trabajadores españoles tengan sueldos precarios y que los pensionistas sufran vergonzosas subidas del 0,25% que les hacen perder mucho poder adquisitivo.