Todos sabían que lo de Albaladejo era ilegal

Julián Carcaño Pareja
Miembro de Los Verdes

El diputado Joaquín Albaladejo es abogado. Por ello, salvo que el título académico que le faculta para ejercer esa profesión lo hubiese obtenido de la misma forma en la que Pablo Casado consiguió la Licenciatura de Derecho y el máster, sabía perfectamente que la solicitud de compatibilidad que presentó en 2007 era ilegal. Cualquier funcionario lo sabía.
Y, por supuesto, también lo sabían todos los concejales del PP de Torrevieja que, abusando de su mayoría absoluta, en el Pleno del 24/09/2007,aprobaron la compatibilidad del entonces concejal de Hacienda Joaquín Albaladejo para ejercer sus actividades privadas mientras percibía el sueldo de concejal con dedicación exclusiva.
El PP ignoró los informes en contra de los técnicos municipales y desoyó las advertencias de ilegalidad realizadas por la oposición. EU y Los Verdes fueron al juzgado.
El Tribunal Superior de Justicia de la C. V. ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Elche de septiembre de 2014 que anuló el acuerdo plenario que otorgó al entonces concejal Albaladejo, ahora diputado nacional del PP por Alicante, la compatibilidad para ejercer tres actividades profesionalesprivadas mientras percibía del Ayuntamiento de Torrevieja un sueldo con dedicación exclusiva de 46.200 euros anuales entre 2007 y 2011 (en total 184.000 euros).
La sentencia del juzgado de Elche fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento de Torrevieja, -con mayoría absoluta del PP y con Eduardo Dolón de alcalde-, a finales de 2014.
La sentencia del TSJCV de 2 de julio de 2018, que desestima el recurso de apelación del ayuntamiento, ha quedado firme al no ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Estas sentencias dejan en muy mal lugar al todavía diputado Albaladejo y a todos los ediles del PP que en 2007 se confabularon con él para aprobar una solicitud de compatibilidad que era manifiestamente ilegal, como todos ellos sabían.
Las sentencias dicen algo que todos sabían: “la dedicación exclusiva supone que el concejal no puede dedicarse a ninguna otra ocupación profesional por cuenta propia o ajena”, en los términos del art. 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Indican los jueces que las tres actividades privadas de Joaquín Albaladejo no pueden considerarse como “marginales” y remarcan que igualmente se debería haber denegado la solicitud de compatibilidad por el hecho de que “como Concejal del Ayuntamiento de Torrevieja, podía conocer de primera mano la planificación urbanística de ese municipio así como los proyectos de futuro de ese ámbito”.
Lo grave del “Caso Albaladejo” no es que se embolsara 184.000 euros del ayuntamiento de forma ilegal entre 2007 y 2011; lo grave es que compatibilizó su función de concejal y miembro del gobierno local –lo que le dio acceso a una información urbanística privilegiada- con profesiones y negocios privados vinculados al urbanismo (incluyendo recalificaciones, permutas, obras y alquileres municipales).
Por aquellos años, Inmobiliaria Juana se jactaba de tener a “los mejores especialistas en la materia coordinados por el Nieto de la fundadora Don Joaquín Albaladejo Martínez, Abogado, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Administrador de Fincas y Gestor Inmobiliario del Banco Santander Central Hispano, en ejercicio”.
Habría que revisar lo que este señor hizo en Torrevieja durante esos años y lo que pudo hacer con la dedicación exclusiva que también le dio el PP en la Diputación de Alicante entre 2011 y 2015.
¿Cómo fue posible que todo esto pasara en un municipio tan grande como Torrevieja?
Cabe recordar que en 2007 estábamos en medio de una vorágine de pelotazos y corrupciones protagonizada por muchos cargos del PP y por la Gürtel en la Comunidad Valenciana; hubo muchos enriquecimientos y financiación ilegal del partido,merced al saqueo de las arcas públicas.
Dentro de esa galaxia de corrupciones, la falsa compatibilidad de Albaladejo formaba parte de las prebendas que el régimen implantado por el Partido Ruin en Torrevieja repartía entre sus dirigentes a costa del ayuntamiento y de la ciudad.
Todos sabían que lo de Albaladejo era ilegal. Todos los que perpetraron esta fechoría deberían dimitir de sus cargos políticos actuales, empezando por el propio diputado. Y devolver el dinero antes de que se lo reclamen.