Esta frase es la que usamos en estas fechas para dirigirnos a nuestros semejantes, en estas simpáticas y bondadosas jornadas festivas. Todo son buenos deseos y amables intenciones. Pero lo cierto es que Torrevieja, en el año 2019, se la juega. En un frío análisis de la realidad social y económica de nuestra ciudad, me atrevo a confirmar que, en las elecciones de mayo de 2019, tenemos los vecinos de esta bendita tierra dos opciones: o permitir que la tristeza gobierne 4 años más; o regalarnos un cambio a nuestra dinámica municipal, que nos permita dar un verdadero salto a la modernidad del siglo que vivimos. Objetivamente no podemos seguir así. Tras más de dos décadas de gobierno del Partido Popular, la ciudad de Torrevieja, a iniciativa directa de Ciudadanos, ha sobrevivido de mala manera a un «experimento de gobierno múltiple anti-todo», cuyas consecuencias saltan a la vista. No tienen manera de generar ilusión por un futuro en positivo para su pueblo. Y si alguien que no sea de su cuerda propone o consigue algo bueno para Torrevieja, hasta que no lo revientan no paran. Lo que ocurre en el Gobierno municipal de nuestra ciudad no tiene comparativa en toda España. Aquí surge la altísima responsabilidad de Eduardo Dolón. No tanto por él, sino por representar a la única formación política en Torrevieja que no ha participado de este bochorno continuado que han montado desde la Alcaldía municipal José Manuel Dolón y lo que le rodea. El Partido Popular de Torrevieja no lo tiene nada fácil. El resto de formaciones son conscientes del espectáculo incalificable de inutilidad política que seis partidos políticos han ejecutado en este mandato. Y saben que el enemigo a batir, tras 4 años de ejercicio de digna oposición, es el PP de Torrevieja. Son numerosas las ocasiones en las que, desde este altavoz que me otorga en libertad «Torreguia», ADVIERTO A TODOS la pura realidad: cualquier voto que no sea para Eduardo servirá para reproducir un acuerdo multi-partito, cuyos efectos demoledores TODOS YA SABEMOS. Por eso, la celebración navideña de este año debe ser la última en blanco y negro para nuestra ciudad. Y es mi deseo que el color inunde de ilusión vuestras vidas en un venturoso año 2019; un año en el que la Torrevieja en positivo volverá a navegar al mando de Eduardo. En el dulsísimo nombre.
Leído en prensa:
«Joaquín Albaladejo se negó a dimitir en 2014 como concejal de Hacienda de la localidad pese a la sentencia que declaró incompatible sus diferentes actividades privadas con el sueldo público, cuya retribución osciló entre los 96.800 y 145.200 euros
Casi de manera impulsiva, el diputado nacional del Partido Popular Joaquín Albaladejo ha venido tuiteando y compartiendo mensajes en su perfil de Twitter con la petición de dimisión de Màxim Huerta. Finalmente, el escritor ha terminado dejando su puesto como ministro de Cultura por haber defraudado a Hacienda 256.778 euros, algo que Albaladejo ha celebrado sin recordar que él también estuvo en el punto de mira como concejal de Torrevieja por unos hechos de los que, como Huerta, también se lucró. La diferencia es que el político alicantino se negó a dejar el cargo.
En 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche declaró nulo el acuerdo del pleno del consistorio alicantino de 2007 en el que se acordó la compatibilidad que reclamó Joaquín Albaladejo para seguir ostentando el cargo de concejal de Hacienda –en régimen de dedicación exclusiva- a la vez que ejercía sus actividades privadas como agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y letrado, ya que, entendía el magistrado, estas no podían considerarse profesiones “marginales”.
O en otras palabras, el actual secretario general del PP de Torrevieja había estado durante cuatro años cobrando dinero público de manera irregular. La cuantía varía según a quien le preguntes. Regidores consultados, entonces en la oposición, estiman que percibía un sueldo como concejal de 46.200 euros anuales, lo que le generó un ingreso de 145.200 euros en los 3 años y 8 meses que estuvo vigente el acuerdo plenario. El ahora diputado nacional rebajó entonces ese salario a 2.200 euros netos mensuales, que dan un jornal total en todo ese tiempo de 96.800 euros, sin contar los ingresos que tenía por asistencia a pleno y otras representaciones como diputado provincial en la Diputación de Alicante. Fuentes municipales también calculan que su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Torrevieja le generó un coste añadido de 80.000 euros en costes a la Seguridad Social durante los años 2007 a 2011.
El alcalde que propició esa compatibilidad de trabajos posteriormente declarada ilegal, fue el popular Pedro Hernández Mateo, condenado poco tiempo después a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación en la adjudicación del servicio municipal de basuras. Joaquín Albaladejo fue el primero que, folio en mano y en redes sociales, promovió una recogida de firmas para solicitar el indulto del ya exalcalde condenado, quien accedió al poder local gracias a una moción de censura contra el PSOE en 1988.
En el siguiente mandato, el actual vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, tomó la vara de mando y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la sentencia del juzgado de Elche, recurso que aún está pendiente de resolución y que le permite a Albaladejo dilatar la devolución del dinero público. En el primer auto no se especificaba si debía reponer las retribuciones percibidas de manera irregular, algo que deberá dictaminar el TSJCV aunque desde PSOE o Los Verdes se ha insistido durante todo este tiempo que debería de haberlo hecho motu proprio.
Más polémicas
El apellido de Albaladejo ha estado constantemente pegado a la polémica. En 2012, siendo concejal de Hacienda se comunicó vía mail con su compañero edil José Antonio Sánchez y por error enviaron la conversación a otros contactos donde se podía leer del segundo la intención de convocar una Junta de Portavoces “para hacer caja”.
Con un verbo fácil para el exabrupto, recientemente pidió a “los padres de la Vega Baja” a salir a proteger a sus hijos del “procés Catalán” que a su juicio “está imponiendo” el gobierno valenciano con respecto a la política lingüística. “El socialismo –añadió- pretende demoler la libertad y el sentimiento español”.