La Junta de Gobierno ha aprobado, a propuesta del alcalde, revocar la potestad sancionadora en materia de sanciones administrativas contempladas en las ordenanzas municipales al ex-Director General de la Policía, Javier Mínguez Parodi, y delegar esta competencia al concejal de Policía, Federico Alarcón. Así lo anunció el propio Alarcón en la comparecencia semanal de la Junta de Gobierno en calidad de secretario de este órgano. Además, se acordó el cese y clausura de un almacén, sito en la calle San Emigdio, que había recibido denuncias vecinales. Alarcón explicó que el propietario no presentó alegaciones en el plazo establecido tras comprobarse que carecía de licencia de actividad. Igualmente, se acordó indemnizar con 3.000 euros a un particular que reclamaba daños de responsabilidad patrimonial por una caída en la vía pública en la calle Radio Murcia. La cuantía será abonada por la compañía de seguros del consistorio. Cabe destacar también la aprobación de facturas con omisión de la función interventora, con un montante de 5.011 euros (mayo y junio), del servicio de telecomunicaciones.
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