Domingo Pérez Gutiérrez
Ex-concejal del PSOE de Torrevieja
Literal, Carlos Lesmes, presidente de CGPJ: «Una vez cumplido el deber de renovación” que impone la ley «y solo entonces, será hora sin duda de abordar otros debates, como el que afecta a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces».
¿Está claro? Cristalino, como contestó Tom Cruise en la famosa peli.
Reconozco que si esto va del Madrid y del Barcelona pues vale, cada uno que tire para su lado. Pero si algunos queremos analizar seriamente la cuestión hay pocas dudas que aclarar en este tema de la renovación, que debe hacerse, de los órganos judiciales.
Además tengo clarísimo que incluso los que aplaudan la forma de bloqueo, más de cinco años, que está llevando a cabo el PP, saben que razones para hacerlo no existen en absoluto. Solo son excusas prolongadas en el tiempo y renovadas cuando se atisba una posible solución.
Cinco años, que obligan a Carlos Lesmes (poco sospechoso en cuanto a afinidades) a tirar el carro por el pedregal y decir que o acuerdan ya, o se va.
Tras estas declaraciones, la consiguiente retahíla de excusas y condiciones absurdas del PP para volver a vetar la renovación. No voy a enumerarlas, son las de siempre que la derecha está en la oposición más algo sobre currículos que ha añadido el anticuado nuevo líder Feijóo, y que él sabrá a qué se refiere.
Aunque lo cierto en esta ocasión es que la dimisión de LESMES como presidente variaría todo el panorama, ya que esta dimisión del presidente, OBLIGARÍA, según la Constitución, inmediatamente a elegir a los nuevos jueces y magistrados que compondrían las nuevas instituciones judiciales. Elecciones que, como no podría ser de otra manera, debería llevarse a cabo legalmente, o sea, con las leyes vigentes. Después, como ha dicho el Sr. Lesmes: «sería hora de pensar sin duda en otros debates, como la forma de designación de los órganos judiciales».
Dicho lo cual se desmoronaría toda la estrategia del PP, que en realidad lo único que pretende es mantener en las instituciones las mayorías que consiguió M. Rajoy hace un montón de años
Por cierto, todos sabemos que la cantinela del PP para no renovar a los jueces es que los socialistas pretender tener mayoría en esas instituciones. Asombroso… y cristalino.
A ver cómo lo explico para que hasta el más recalcitrante, limitado y sectario pueda entenderlo: En la carta magna se establece en el artículo 122 que 8 de los 20 vocales del CGPJ los nombra el Congreso y el Senado mientras los otros 12 se elegirán “entre jueces y magistrados de todas las categorías”. Así aparece plasmado en la ley orgánica 1/1980 de 10 de enero.
Pero he aquí que Felipe González no estaba contento, y en su megalomanía del tercer año de gobierno, allá por 1985, quiso imponernos por la puerta de atrás un cambio legislativo más a su favor y parecer: la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que hacía oídos sordos a los jueces y magistrados en su derecho de elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ. Un cambio legislativo que fijaba que los 20 vocales los elegían a partes iguales ambas Cámaras. Por aquel entonces, Fernando Ledesma ostentaba como ministro de Justicia y Alfonso Guerra era vicepresidente. ¿Se acuerda? Yo, perfectamente.
Fue aquél un giro muy criticado ya que supuso un retroceso antidemocrático en cuanto a la necesaria separación de poderes. La modificación más relevante fue que todos los vocales pasaban a ser elegidos por las Cortes. Y una ley con vacíos, ya que no se especificaba cuántos miembros de cada categoría debían formar parte del CGPJ.
Desde entonces, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial se han manifestado de distintas maneras y con distintos niveles de intensidad, y la etapa de González fue una de las más destacadas en la historia de la democracia en ese sentido. Hasta el Guerra dijo que Montesquieu había muerto, y desafió a los jueces que si querían nombrar a sus representantes, que se presentaran y ganaran unas elecciones generales.
Asimismo, al ministro del Interior con Felipe González, Corcuera, no le gustaron las críticas de los jueces a la ley de seguridad ciudadana que se popularizó con su apellido y se desmarcó con unas declaraciones sobre el «poco respeto» que le merecían algunos jueces, que resonaron en todos los despachos de la judicatura. Unas palabras que no sentaron nada bien. La polémica, por tanto, seguía más viva que nunca.
Una situación crítica que todavía hoy permanece, como estamos viendo.
En la Constitución de 1978 ya se «quiso garantizar la independencia de los encargados de impartir la justicia: los jueces y magistrados. Como prueba inequívoca de ello, no sólo reservó en su texto un lugar preeminente bajo el más que significativo título ‘del Poder Judicial’ sino que, además, quiso asegurarse de que esos jueces «independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley» (artículo 117.1 de la Constitución Española) fuesen inmunes a cualquier intento de intromisión política por parte de los poderes del Estado”.
Estas palabras textuales aparecen reflejadas en un manifiesto que firmaron cerca de 1.400 jueces en el año 2010 sobre la intervención de la política en el CGPJ. Una denuncia que llega hasta nuestros días.
¿Quiere el PSOE dejar de mangonear el Tercer Poder del Estado? Que derogue la Ley de 1985, que los magistrados nombren por escalafón a sus representantes y que estos sean vitalicios. Si de paso se prohíben las asociaciones de carácter político en la Judicatura, estaría muy bien.
Si no lo hacen así podremos pensar que lo que quieren es copar la Justicia para mangonearla, ser inmunes e impunes, y llegado el caso, poder indultar a los suyos y a sus socios de delitos gravísimos los cuales, Antonio, mintiendo (qué novedad!), dijo que no serían indultados (y lo fueron).
¿Le ha quedado claro o se lo repito?
Don Guti, mire lo que se puede leer por esos mundos de Internet:
El ansiado botín judicial del Gobierno: 65 nombramientos de jueces que ha bloqueado en el CGPJ.
Según los datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la cifra de nombramientos paralizados por el Gobierno alcanzará los 71 a final de año.
Según los datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la cifra de nombramientos paralizados por el Gobierno alcanzará los 71 a final de año.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido paralizar 65 nombramientos de jueces en el Consejo General del Poder Judicial CGPJ en sólo un año y medio. Todo ello, gracias a la Ley impulsada por el propio Ejecutivo que entró en vigor en marzo de 2021 y que impide al CGPJ en funciones realizar nombramientos.
Según los datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, el Gobierno ha bloqueado el nombramiento de 14 magistrados del Tribunal Supremo. La Sala más afectada es la de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) que no ha podido cubrir hasta 8 vacantes, lo que está provocando ya graves problemas para formar las correspondientes Secciones y para efectuar su trabajo diario. A finales de 2022, habrá otras dos vacantes en esta Sala hasta sumar un total de 10.
A pesar de que el Ejecutivo se autodefine como el más «social de la historia», paradójicamente la Sala Social del Supremo (Sala Cuarta) es la otra gran afectada. Ya hay 3 plazas sin cubrir y a final de año serán 2 más. Cabe destacar que esta Sala tendría que estar compuesta por un total de 13 magistrados. A finales de 2022, sólo quedarían 8 magistrados.
El Gobierno también ha paralizado en el CGPJ otro nombramiento sensible, el del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que debe ser cubierto tras la marcha de la magistrada Concepción Espejel al Tribunal Constitucional. Recordamos que la Audiencia Nacional dirime las macrocausas de corrupción política, por lo que este puesto tiene una gran importancia para los partidos políticos.
Según los mismos datos a los que ha tenido acceso LD, el CGPJ que preside en funciones Carlos Lesmes tampoco ha podido designar en este tiempo a 24 magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, 17 de ellos como presidentes del propio TSJ de sus Salas. Tampoco a otros19 magistrados de Audiencias Provinciales, 4 de los cuales también serían presidentes. Si el CGPJ no es renovado a final de año, la cifra total aumentará a 71 plazas vacantes de jueces en puestos clave de la justicia española.
La renovación, por tanto, del CGPJ es clave y decisiva para que el Ejecutivo de Sánchez se haga con todo su botín judicial. Cuando el Gobierno de los jueces se renueve, los vocales progresistas serán mayoría y tendrán en sus manos la elección de los 65 citados magistrados cuyos nombramientos han sido paralizados.
Blanco y en botella. ¿Dónde ira el buey que no are? El manoseo y mangoneo de los poderes del Estado por el Gobierno es un atentado gravísimo contra la separación de poderes, es decir contra la democracia.