» La Fiscalía ha pedido once años de inhabilitación para la edil del PP por vulnerar «de forma consciente y radical» la Ley de Contratos
Sueña Torrevieja y Los Verdes han reclamado públicamente la dimisión de la segunda teniente de alcalde y concejal de Contratación, Carmen Gómez Candel, tras conocer que la Fiscalía ha pedido once años de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito de prevaricación. El Ministerio Público señala a la edil por vulnerar «de forma consciente y radical» la ley de Contratos al encargar verbalmente, por teléfono o whatsapp, materiales por valor de 118.000 euros a cinco empresas sin mediar contrato para la construcción de un parque de 40.000 m2 en el marco del Taller de Empleo Mediterráneo VIII en el año 2015.
«Profunda gravedad»
Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, considera que los hechos son de «una profunda gravedad» y afectan a la «calidad democrática» de una institución como el Ayuntamiento. Para Samper, «cada minuto que pase y el alcalde de Torrevieja siga manteniendo en sus cargos a la Sra. Candel es una afrenta a nuestra corporación municipal, a nuestra democracia y al pueblo de Torrevieja». El portavoz aclara que respeta la presunción de inocencia, pero, añade, «se trata de ética, de transparencia y de dignidad». Samper recuerda que el PP exigió la misma asunción de la responsabilidad en 2016 a África Celdrán «en una situación judicial mucho menos adelantada». «Torrevieja merece mucho más, merece un gobierno fuera de toda sospecha, fuera de supuestos delitos e ilegalidades, un gobierno honrado y transparente», concluyó Samper.
LV piden un aval de 50.000 euros
Por su parte, Los Verdes han presentado una moción para que Carmen Gómez Candel dimita y que los torrevejenses «no paguen ni un duro por su presunta corrupción». «No podemos permitir que ni un día más la señora Candel represente en las instituciones a los y las torrevejenses», asegura el grupo ecologista. Desde Los Verdes, añaden, «decimos basta al despilfarro que suponen los desaguisados del partido Popular en la ciudad». En este sentido, la propuesta contempla instar al Pleno a pedir un aval de 50.000 euros a la imputada y los demás implicados para hacer frente económicamente de su bolsillo por los presuntos actos de prevaricación. «No es razonable ni posible que la ciudadanía pague por su presunta mala praxis», aseguran, por lo que consideran que además de dimitir, los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento «no deben pagar por los presuntos hechos fraudulentos».
Un ayuntamiento lo debería llevar un funcionario de carrera de la Administración General del Estado designado mediante escalafón. El Alcalde debería estar solo para presidir los plenos, cortar la cinta en las inauguraciones y hacer compañía a la Reina de las Fiestas. Punto.