El Ayuntamiento y la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST) están tramitando un acuerdo de intenciones para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de las salinas de Torrevieja y La Mata, cuyo texto definitivo fue aprobado en el mes de diciembre vía decreto. De este asunto se dio cuenta en el Pleno ordinario de enero, cuyos puntos del orden del día se vieron reducidos a los decretos de Alcaldía y resoluciones de los órganos unipersonales del mes de diciembre de 2022 y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local celebradas del 21 de noviembre al 30 de diciembre. El motivo de este «minipleno», tal y como lo calificó Sueña Torrevieja, se motivó a que el equipo de Gobierno del PP se vio obligado a retirar de la sesión plenaria dos asuntos que se habían dictaminado en comisiones informativas, ya que la secretaria emitió un informe que anulaba los dictámenes de las comisiones tras advertir la oposición que el alcalde no había delegado sus funciones vía decreto a su segunda teniente de alcalde, Sandra Sánchez, antes de marcharse a Fitur. Sueña manifestó que este hecho era la consecuencia de la «ineficacia» del alcalde, y Los Verdes dieron un «tirón de orejas» al primer edil por, a su juicio, «olvidarse de sus obligaciones». En el mismo sentido se expresó el PSOE, que lo achacó a la «innegable mala gestión del equipo de Gobierno». El alcalde justificó que no delegó las funciones porque tenía pensado acudir, pero no pudo hacerlo por un problema.
La portavoz del PP, Rosario Martínez Chazarra, enumeró los decretos, entre los que destacaron las resoluciones de contratos basados en el Acuerdo Marco, el pago de ayudas y subvenciones, la aprobación del proyecto de obras de terminación del pabellón blanco de la Ciudad Deportiva, y la adquisición de bienes inmuebles como el bien colindante a la fábrica del hielo y el edificio de La Plasa. Otro decreto destacado fue el que validaba la prórroga del presupuesto de 2022 para 2023, hecho que fue muy cuestionado por la oposición.
El portavoz de Sueña, Pablo Samper, se refirió al decreto sobre el acuerdo para proteger el patrimonio arquitectónico de las salinas. En este sentido, se atribuyó la idea a través de una propuesta del grupo municipal presentada hace un año. Sueña criticó que el PP «no haga caso a las propuestas por regla general» y luego «las hagan suyas sin reconocer la procedencia ni agradecer la colaboración». El alcalde, Eduardo Dolón, replicó que el equipo de Gobierno no tomó en consideración la propuesta de Sueña porque ya estaba tramitando este acuerdo.
Sueña, Los Verdes y el PSOE criticaron la prórroga del presupuesto de 2022 para 2023. El portavoz de Sueña, Pablo Samper, indicó que en las cuentas prorrogadas faltan partidas, poniendo como ejemplo el nuevo contrato de aseo urbano, la mejora de itinerarios peatonales y el incremento de 3 millones de la retribución del personal municipal. Para Samper, «el PP va a comprometer el futuro económico con una más que posible subida de impuestos y tasas municipales que golpearán en bolsillo de los torrevejenses». El portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz, y el del PSOE, Andrés Antón, criticaron que el PP haya sido «incapaz» de hacer un nuevo presupuesto y los haya prorrogado con casi un centenar de transferencias de crédito. A este respecto, el alcalde aseguró que el anterior Gobierno de coalición era «amigo de los bancos», mientras que el actual prefiere «usar los sobrantes de las partidas y volverlos a invertir en los torrevejenses». Desde Los Verdes también lamentaron la devolución de una parte de subvenciones, como del SEAFI, y cuestionó las facturas a Acciona con cargo al nuevo servicio de aseo urbano. En este sentido, aseguró que la mercantil «sigue sin cumplir las condiciones del nuevo contrato».
Por su parte, la edil no adscrita Fanny Serrano se limitó a decir que ha puesto en manos de los organismos correspondientes las «irregularidades» que ha encontrado en la última Junta de Gobierno del año 2022 celebrada el 30 de diciembre.
Otro asunto de calado fue la denuncia del portavoz del PSOE, Andrés Navarro, que cifró en 12 millones el coste para darle uso al edificio de La Plasa. Navarro señaló que al coste estimado de 6 millones de euros de las obras para su reforma y legalización, se suman los 4,5 millones de euros de la compra del edificio por parte del Ayuntamiento, más la asistencia y los honorarios. Navarro lo tildó de «disparate», señalando que «triplica el valor real del edificio», que cifró de 3 millones de euros.
El Pleno finalizó con el punto de ruegos y preguntas.
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