¿Cómo pagar al arquitecto del Teatro de Torrevieja?

Julián Carcaño Pareja
miembro de Los Verdes de Torrevieja

Dos semanas después de que el Gobierno de Torrevieja acordase iniciar acciones judiciales contra el arquitecto del teatro municipal por su negativa a presentar el certificado de final de obra, que es preceptivo para la obtención de la licencia de apertura del edificio, Sueña Torrevieja anuncia que también acudirá a la vía judicial si es preciso.
Hace más de cuatro años, los grupos municipales de Los Verdes, PSOE y APTCe denunciaron ante el fiscal el sobrecoste de 3,2 millones y la liquidación de las obras que aprobó el gobierno local del PP en febrero de 2011, cuatro años después de que el ayuntamiento recepcionara las obras.
Sueña Torrevieja indica que “lo sucedido entre el año 2003 y el 2015 es un completo despropósito y responsabilidad absoluta del PP». También hablan de responsabilidad de funcionarios sin señalar a ninguno y deciden tirar una piedra al gobierno municipal por si le dan. Se aproximan las elecciones.
Soslayando que el cierre del teatro se produjoen septiembre de 2015 al acatar el ayuntamiento la orden de clausurade la Generalitat Valenciana para solventar los problemas de seguridad del edificio y la falta de licencia, el portavoz de Sueña, Pablo Samper, dice que «desde que se decretó el cierre del Teatro sin tener un plan B el gobierno ha sido incapaz de dar una solución, repercutiendo de forma negativa en la ciudadanía y en la agenda cultural de Torrevieja. Este fue el primer desencuentro con el gobierno, ya que desde el principio teníamos clara que la solución pasaba por pagar lo que correspondía y posteriormente exigir responsabilidades a quien correspondiera».
En contestación a estas frívolas opiniones del señor Samper, cabe decir que su grupo municipal -del que dependían las concejalías de Cultura y Obras Públicas- no propuso ningún Plan B durante los 13 meses que transcurrieron desde el cierre del teatro hasta la salida de Sueña del gobierno local en octubre de 2016. Ni tampoco lo ha hecho posteriormente.
Los ediles de Sueña deberían explicar a la ciudadanía en qué consiste exactamente esa mágica solución que “pasaba por pagar lo que correspondía…” y en base a que procedimiento legal se podría hacer.
El fondo del problema radica en que el arquitecto Antonio Marquerie pide que se le abonen 130.000 eurospara firmar el certificado del final de obra, pero el ayuntamiento no puede coger ese dinero de la caja ydárselo sin más por razones obvias. Tampoco se puede sustituir la firma de ese arquitecto.
En una administración pública es imprescindible licitar y adjudicar los contratos de obras de acuerdo con el procedimientolegal establecido ANTES de que las obras se realicen. Resulta imposible que el ayuntamiento pueda contratar al señor Marquerie para abonarle 130.000 euros por unas obras que ya fueron realizadas hace años, salvo que una sentencia judicial determine lo contrario.
La empresa Acciona, que fue la adjudicataria del contrato para realizar la obra del teatro y la remodelación de la Plaza de Miguel Hernández, es la que cobró del ayuntamiento y es la que tendría que haber abonado al arquitecto por sus trabajos de dirección de la obra.
El ayuntamiento liquidó a Acciona el importe del contrato de obra en su totalidad, con sobrecoste incluido.El arquitecto reclamó a la empresa el importe correspondiente al sobrecoste de la obra que dicen que se había hecho, pero tanto Acciona como el PP dijeron que la empresa yapagó por la dirección de la obra.
El actual gobierno local no puede instar a la empresa para que aporte el certificado de final de obra porque en 2012 el anterior gobierno local del PPse dio mucha prisa en devolver a Acciona los 600.000 euros de la fianza del contrato. Eduardo Dolón y Joaquín Albaladejo se cubrieron de gloria con ello.
Lo aberrante de todo este caso es que el ayuntamiento del PP diera por recibida la obra sin exigir que se le entregase la certificación final de las obras ejecutadas, como estipula la ley.Sin olvidar el disparate de inaugurar y mantener abierto el teatro de forma ilegal e insegura entre 2006 y 2015.
Como no existen las varitas mágicas con las que algunos sueñan, no queda otra solución que interponer acciones judiciales, cosa que acordó la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de noviembre.
Tendrá que ser una sentencia judicial la que determine si el arquitecto cobró o no la totalidad de sus honorarios, si debe aportar sin más el certificado del final de obra o, en su caso, quien debería pagarle los 130.000 euros que pide y quienes incumplieron sus obligaciones legales en el ayuntamiento.