El equipo de Gobierno del PP, con el apoyo de la edil no adscrita Carolina Vigara, dio carpetazo en un Pleno extraordinario de casi dos horas a la fiscalización del expediente del servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa. El Pleno fue convocado por el alcalde a solicitud de los grupos municipales del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja, que votaron en disconformidad con la fiscalización. La edil de C’s se abstuvo esgrimiendo que los informes técnicos indican que «todo está correcto» y las resoluciones judiciales por resolver de las empresas arrojarán luz en su momento sobre esta cuestión.
Sueña Torrevieja recordó que viene advirtiendo de las «contradicciones» y «dudas» en este expediente, así como de las posibles consecuencias para las arcas municipales, cifrando en «más de 100 millones» el «sobrecoste» de la gestión indirecta sobre la directa. En mayo de 2020, cuando se aprobó la licitación del pliego, Sueña advirtió de que se produciría un déficit de ingresos de más de 13 millones de euros al año por la merma de ingresos de la plusvalía, según explicó el edil portavoz, Pablo Samper. En diciembre de ese año el PP decidió en Junta de Gobierno no adjudicar el contrato por este motivo, «dándonos la razón», señaló. Samper denunció cierto «ocultismo» en el expediente. En este sentido, consideró que es una tramitación «con continuos cambios de criterio», «líos» y «enredos», que, a su juicio, ha dejado «en el aire un rastro de duda». También acusó al alcalde, Eduardo Dolón, de seguir «su hoja de ruta» y de «pisar el acelerador» pese a los recursos interpuestos. Samper señaló que la «euforia» de la adjudicación definitiva del servicio a Acciona se ha visto «frenada» ahora porque una de las empresas participantes en el concurso, Sacyr, reclama al TARC que la anule por «irregularidades» y acusa al Ayuntamiento de «alterar» el contrato de las basuras. Para Samper, la fiscalización deja claro, asegura, que es un procedimiento de adjudicación «errático».
Por su parte, Los Verdes se remontó al intento de municipalización del servicio que impulsó en 2016 el anterior equipo de Gobierno de izquierdas, afirmó, «con todos los informes a favor», y que se vio frustrada por el rechazo del PP. El concejal portavoz, Israel Muñoz, criticó que el PP archivó el expediente para la gestión indirecta del anterior gobierno, «tirando a la basura el trabajo de más de dos años de los funcionarios». También cuestionó que el PP realizó un contrato menor para la redacción del pliego del expediente por un técnico externo, que, a su juicio, está «lleno de irregularidades». Igualmente, acusó al alcalde de llevar al juzgado «a la plana mayor» del Ayuntamiento, aseguró, «por informar en contra del contrato y trabajar para que se respete la legalidad». Muñoz explicó que el expediente se paralizó junto antes de la adjudicación «porque no había dinero» y se reanudó tras recurrir una empresa ante el TARC, que le dio la razón. Además acusó al PP de «marear la perdiz» durante más de siete meses para «denostar» y «condicionar» los informes del jefe de servicios. En definitiva, el edil ecologista cuestionó la adjudicación a Acciona «a pesar de que no cumple con el pliego de condiciones», motivo por el que pidió el amparo del TARC al igual que otras dos empresas. En este sentido, lamentó que la JGL le pidiera la imposición de una multa alegando que «mala fe» en su recurso. Según Muñoz, en la oferta económica Acciona «se ahorra más de 2,5 millones de euros y 40 trabajadores». Con todo, subrayó que ha quedado acreditado que el expediente «contiene muchas irregularidades y defectos de forma que perjudican a Torrevieja y a los trabajadores del servicio». «No vamos a ser cómplices de este despropósito», añadió. Por último, criticó que el equipo de Gobierno «echó» a la empresa que gestionaba el Ecoparque y lo ha adjudicado a Acciona, «dejando a varias familias de Torrevieja en la calle».
Desde el PSOE recordaron que la anterior adjudicación del contrato de basuras se adjudicó a la misma empresa y culminó con la condena y entrada en prisión del exalcalde, Pedro Hernández Mateo, por prevaricación y falsedad documental. El concejal portavoz Andrés Navarro dijo que el anterior gobierno intentó sacar el contrato por la gestión directa por 16 millones de euros anuales, mientras que el PP se decantó por la gestión indirecta, «elevando el presupuesto a casi 26 millones de euros». «No vemos la justificación de este incremento tan desorbitado», aseguró. También cuestionó la decisión del PP de que el pliego del nuevo contrato lo redactara una empresa externa en lugar de los técnicos municipales. «La primera intromisión del equipo de Gobierno en contra de la transparencia del expediente», afirmó Navarro. También acusó al alcalde de «mandar al banquillo» a los habilitados nacionales para «ubicar en sus puestos a directores generales», añadió, «puestos a dedo con un sueldo de más de 100.000 euros anuales». Navarro señaló que después de seis o siete informes técnicos con la empresa Valoriza como mejor valorada, salió Acciona, añadió, «la solución que le gusta al equipo de Gobierno». El PSOE mostró su discrepancia con la adjudicación, ya que, según argumentó, en el sobre C donde viene el estudio económico, las cuatro empresas licitadoras aportaron un desglose de personal, base salarial, periodo de renovación de vehículos «de más de 40 folios», mientras que Acciona «se resume en un solo folio» donde, aseguró, «no se concreta nada de eso». «Es decir, no cumple con el pliego, por lo que no debería haberse valorado y debería haberse eliminado», aseguró. Para el PSOE, la baja de 1 millón de euros de Acciona es «falsa» y «engañosa» en relación a la segunda oferta mejor valorada, al tiempo que auguró que «en cuanto empiece a prestar el servicio va a recuperarla». Con todo, pidió al pleno que anule el acuerdo y se realice una nueva adjudicación del servicio.
Por su parte, la edil de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel, defendió que tanto el jefe accidental como el técnico municipal hicieron suyo el pliego elaborado por la empresa externa. En este sentido, señaló que en su elaboración trabajaron el técnico municipal, los trabajadores del servicio y la empresa externa. Además, indicó que el Ayuntamiento no disponía de medios materiales y humanos para la redacción del pliego. Gómez Candel justificó que se solicitaron hasta seis informes técnicos debido a que contenían «errores aritméticos». «Tenemos una adjudicación impecable, impoluta», sentenció. «Jamás pondré en entredicho un informe técnico ni una mesa de contratación», añadió. «Estoy eternamente agradecida con el trabajo que han hecho con este expediente», afirmó. La edil confirmó que ya se ha hecho la RC para el nuevo contrato. «Hay dinero y lo acredito documentalmente», espetó. Por su parte, el alcalde, Eduardo Dolón, cerró el posicionamiento de voto del PP defendiendo que la empresa adjudicataria está obligada a respetar la plantilla y condiciones laborales, como establece el pliego. En caso de que ésta incumpla el pliego «se le rescinde el contrato». El regidor también manifestó que lo que ha hecho el equipo de Gobierno es «mantenerse al margen» y «dejar a la mesa de contratación trabajar». Por último, enumeró los vehículos nuevos que se van a poner en marcha y la plantilla, que será de 284 personas en temporada baja y de 408 en temporada baja, con 180 puestos de trabajo nuevos.
Tan impecable como el que yo hice,si no llega a ser por esos políticos tan delicados sobretodo ese de los verdes «el carcelero».