» El grupo considera que se trata de una «»vendetta particular» costeada por los ciudadanos»
Una indemnización de 41 millones de euros es lo que reclaman al Ayuntamiento por la expropiación de solares en el casco urbano las mercantiles que vendieron al alcalde tres fincas en Almoradí por 180.000 euros, y que éste posteriormente vendió por 5’6 millones de euros, según afirman desde Izquierda Unida. La formación anuncia que pedirá explicaciones en Pleno y al alcalde «de lo que parece una lucha personal emprendida por quienes le facilitaron una plusvalía de 5’4 millones de euros».
Presunta ocupación ilegal de parcelas
IU señala que las mercantiles poseen dos parcelas en el casco urbano, junto al CP Acequión y en la zona del Parque de las Naciones, que juntas suman 15.000 m2, «calificadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano, aunque incluidas en una zona más amplia que el Ayuntamiento ha destinado a uso dotacional (jardines)». Estas empresas, según la formación, sostienen que el Ayuntamiento «ha ocupado ilegalmente» parte del suelo sin mediar un expediente de expropiación y que tampoco ha desbloqueado el Programa de Actuación Urbanística (PAU) previsto. IU afirma que las mercantiles, que aseguran que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del programa urbanístico sin hacer efectiva la expropiación, han presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación, donde el Ayuntamiento tiene representación, y que, siempre según IU, se reunió hace dos meses «sin que haya trascendido públicamente su fallo». La formación añade que, además, una de las fincas de estas mercantiles se está vallando actualmente «con cargo a las arcas públicas», por un montante de 59.000 euros.
«Vendetta costeada por los ciudadanos»
IU se pregunta «hasta donde va a llegar Hernández Mateo en lo que parece un enfrentamiento personal y que, seguramente, costará a las arcas públicas más de 30 millones de euros, como si se tratara de una «vendetta particular» costeada por los ciudadanos de Torrevieja». «La ciudad», sentencian, «no puede ni debe asumir las posibles indemnizaciones fijadas al ayuntamiento por existir, según parece, desavenencias particulares o presumibles litigios comerciales entre particulares».
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