» Abogacía del Estado en Valencia recurre el informe ambiental favorable del proyecto puerto de la sal
La Junta de Gobierno, cuya sesión se celebró el pasado 16 de diciembre, dio luz verde a la adjudicación definitiva a Akra-Señal SA del contrato de adquisición de elementos de seguridad para pasos de peatones, con un importe de 1.093.500 euros, según informó el edil secretario del órgano, Federico Alarcón. También se acordó por urgencia el proyecto de parcelación presentado por Señorío de Punta Prima SA para la modificación de la configuración física de varias parcelas en el sector de Punta Prima para zonas verdes. Asimismo, se aprobó el calendario laboral de 2023 aplicable con carácter general a los trabajadores del Ayuntamiento, y la adjudicación del lote 1 del contrato de zona de ocio y desfile de Papá Noel con un importe de 5.147 euros. Además, se aprobó la modificación del contrato del servicio de grúa, incrementándose el precio anual un 4,12% para adquirir una grúa más. Alarcón explicó que la empresa anterior entró en concurso de acreedores y las tres grúas que debían ser del Ayuntamiento estaban embargadas y en malas condiciones, por lo que esta nueva grúa completaría las tres necesarias en la ciudad. El nuevo vehículo pesado podría estar disponible este verano o en Semana Santa si todo va ágil, según indicó. Destacó también el archivo del expediente de contratación de mantenimiento y conservación de ascensores sitos en dependencias municipales, ya que será incluido en un contrato relativo al mantenimiento integral de los edificios municipales.
Acciones judiciales
Por otro lado, se dio traslado del inicio de acciones judiciales para la defensa del Ayuntamiento en un procedimiento interpuesto por la Abogacía del Estado en Valencia del estudio detalle área de reparto 82 contra el informe ambiental y estratégico favorable del proyecto puerto de la sal, donde se proyecta la construcción de 9 torres frente a la playa de Los Náufragos. También se acató una sentencia relativa a una reclamación de responsabilidad patrimonial por la caída de una persona. El juzgado ha decretado una indemnización de 15.000 euros para este particular que será abonado por la aseguradora del Ayuntamiento. Igualmente, pasaron tres facturas de 2.121 euros a Iberdrola con omisión de la función interventora por el suministro de gas natural al Palacio de Deportes del 25 de junio al 25 octubre de este año. Se abordaron además dos contratos menores, uno de 4.573 euros para las actividades de animación comercial de la campaña de Navidad y otro de 3.141 euros para la compra de bolsas para artículos y regalos.
¿Y la seguridad jurídica de los ciudadanos? ¿Qué tenéis para garantizarla?
¿Qué váis a hacer para asegurar el cumplimiento de la ley (por ej. la Ordenanzade Ruidos)?