Quién lo diría, que podríamos llegar a ver a parte de la jerarquía judicial (magistrados, jueces y secretarios judiciales), unos en sus salones de actos en las audiencias, y los secretarios, en la calle con pancartas, pidiendo la dimisión del Ministro de Justicia. Sólo les ha faltado, para ser una huelga al uso, corear alguna canción con rima haciendo referencia a Zapatero o a Bermejo y repartir panfletos explicativos de la huelga.
Bromas aparte, están en su pleno derecho a discrepar, a ponerse en huelga tal y como lo determinan la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores. Por todo ello, mi máximo respeto a todas las reivindicaciones laborales de todos los trabajadores en general y en particular a los judiciales, y que para ello tienen sus cauces legales como la huelga, el Consejo General del Poder Judicial y el estado o las autonomías.
Es hora de que la ciudadanía conozca las carencias del espacio judicial. Es cierto, y esperpéntico a la vez, que en siglo XXI, cuando te adentras en un juzgado, cualquiera que sea, veas cajas y cajas amontonadas en los suelos de las oficinas judiciales. Recientemente, y con motivo de ir a hacer una consulta a un juzgado, me decía el funcionario que viese cómo estaba ese juzgado de saturado, estando por los suelos decenas y decenas de casos aún sin resolver (era en esos momentos uno de los juzgados penales con más carga laboral de España).
Al igual que al resto de trabajadores y profesionales cualificados (médicos, cirujanos, ingenieros, arquitectos etc.), la sociedad les exige responsabilidades derivadas de sus malas praxis, protocolos o actuaciones indebidas.
Si una mala actuación o por una «no actuación» de un profesional resultase en la muerte de una persona, a nadie nos cabe pensar que con una falta administrativa se cierre el caso y «aquí paz y después gloria», pues las cosas no debieran funcionar así.
A los trabajadores de la Administración de Justicia, se les debería aplicar el mismo trato que al resto de los trabajadores, y si cometen un error pagarlo. No es justo, de cara a la ciudadanía, que una carga excesiva de trabajo sea eximente de una mala actuación. En todo caso, y empleando términos legales, podría ser una atenuante, pero nunca el que juzga puede ni debe ser «indultado» de sus errores, pagándolo únicamente de forma administrativa (en el caso del juez Tirado, 1.500 euros de multa).
Lo que nunca entenderíamos los ciudadanos sería que un error en un proyecto provocara la muerte de un ciudadano y se saldara el asunto con una multa administrativa del Colegio Oficial correspondiente.
En la vida real, se dan ciertas situaciones en relación con la justicia; por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay personas con cargos institucionales acusadas de presuntos delitos. Uno de ellos es el presidente del Partido Popular en Castellón, para mayores señas el sr. Fabra, y todavía no ha sido juzgado.
Hay también otras personas imputadas y también sin juzgar: el anterior alcalde de Orihuela, sr. Medina, y el actual de Torrevieja, sr. Hernández Mateo, que estaba imputado en un juzgado de Torrevieja, pero, al pasar a ser diputado del PP en el Congreso Valenciano, pasa a ser aforado y, por tanto, pasa a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia; por cierto, manifestaba precisamente el presidente de este tribunal la excesiva carga de trabajo de este órgano judicial.
No pedimos que se hagan las cosas rápidas, pero sí eficientes, y esperemos que la justicia haga sus deberes y no duerman las causas, y, por supuesto, no queden sin juzgar dichas acciones presuntamente constitutivas de delito y no puedan prescribir por haber cubierto plazos legales.
Joaquín Garrido Mena
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