Julián Carcaño Pareja
Ex-concejal y miembro de Los Verdes
El alcalde y cuatro ediles del PP de Torrevieja (junto con otros dos ex-concejales) están imputados por un presunto delito electoral cometido por la realización de un mitin electoral el 19 de mayo de 2011, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en el Teatro Municipal, por tratarse de un local no autorizado por la Junta Electoral de Zona.
El PP se saltó a la torera la prohibición de celebrar actos de campaña electoral en lugares no autorizados por la Junta Electoral de Zona que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
Los imputados no pueden alegar desconocimiento al saltarse esa prohibición: lo dijeron Los Verdes, lo dijo el PSOE y eran conscientes de que infringían una resolución de la Junta Electoral acordada dos días antes por la que se ordenaba la suspensión del citado acto.
Incumplieron la legislación electoral con premeditación, alevosía e incluso con chulería, como puso de manifiesto la peineta que Federico Trillo –flanqueado por Camps y por los peperos locales- dirigió a los manifestantes indignados que protestaban ante las puertas del Teatro de Torrevieja portando carteles con ‘Váyase señor Camps’ o ‘Basta de imputados’.
Dos años después de aquellos hechos, bien puede hablarse de la maldición de aquella peineta de Trillo.
Francisco Camps tuvo que dimitir de la Presidencia de la Comunidad Valenciana y, aunque se libró del caso de los trajes por los pelos, volverá a pisar los tribunales por la Gürtel valenciana.
El ex-alcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, fue condenado a pena de cárcel por el Caso de las Basuras de la ciudad, tuvo que dimitir como diputado autonómico y aún le esperan varios procesos judiciales por temas de corrupción.
El ex-ministro Trillo, experto en las cloacas legales del PP relacionadas con la corrupción de su partido, fue enviado como Embajador a Londres para que no se le viera mucho por España.
Y los cachorros que Hernández Mateo puso al frente del Ayuntamiento ya están imputados, y no será la única vez.
Pero, ¿cómo es posible que un partido que tenía y tiene la mayoría absoluta en Torrevieja cometa esta torpe tropelía?
En mi opinión, esta gente ha hecho de la política su medio de vida y les horroriza la posibilidad de perder unos buenos sueldos y, en determinados casos, unos grandes negocios relacionados con su actividad política. Harán lo que sea con tal de no perder sus chollos.
Pero lo que más me preocupa es ver lo barato que suele salir en España infringir las leyes electorales. A mi entender, este tipo de delitos, en la medida en que tienen el propósito, muchas veces conseguido, de alterar la expresión de la voluntad popular expresada a través de las elecciones, tendrían que ser castigados de forma muy severa y ejemplarizante.
Para evitar las trampas electorales que suelen realizar los grandes partidos habría que modificar diversos aspectos del régimen electoral. El primero, configurar un sistema de reparto de escaños más proporcional en función de los votos emitidos. También se debería implantar un sistema electrónico de votaciones que dificultara las ventajas que los partidos grandes tienen en la distribución de papeletas electorales y en la presión sobre los votantes. Porque, al menos en Torrevieja, es vergonzoso observar el enorme trapicheo que el PP realiza con el voto notarial y por correo y la labor militante partidista que realizan las decenas de asesores, cargos de confianza y otras personas que el PP tiene colocadas a dedo con cargo a los presupuestos municipales.
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