Estimados contribuyentes, quiero empezar este artículo denunciando públicamente las maniobras y los argumentos esgrimidos por el Gobierno Municipal del PP en el Ayuntamiento torrevejense, para represaliar e inclusive expulsar del cuerpo a 8 policías municipales.
Quiero exponer aquí que el Ayuntamiento de Torrevieja no es una empresa privada. Eso que quede claro. El Ayuntamiento torrevejense en su conjunto es un ente público y como tal funciona con dinero público, y como tal desde la Alcaldía hasta el último de los funcionarios, sus sueldos, comisiones, etc., sale de los contribuyentes, que pagamos los impuestos con arreglo a las leyes. Me quedo de piedra con el rumbo que quiere dar «el querubín sr. Dolón alcalde» al tema de la reivindicaciones laborales de una parte de la Policía Local torrevejense.
Es vergonzoso que él, que presumiblemente no ha trabajado nunca, firme como alcalde un decreto para «empurar», me figuro, a la cabeza de esta movilización sindical. Los que tenemos canas esta maniobra la hemos vivido durante años en la etapa negra del Franquismo: descabezar el movimiento sindical. Lo más vergonzoso de este alcalde es que firme un decreto para contratar a un abogado para elevar a delito parte de las movilizaciones sindicales de este grupo de Policías Locales. Eso sí, aquí está la «madre del cordero», la contratación de ese abogado se va a pagar con dinero público, no lo va a pagar el sr. Dolón alcalde, ni el sr. Albaladejo, y toda la «corte» de ediles, de su bolsillo. Se paga con dinero público, con el asentimiento de unos concejales que están en los juzgados por el fraude de los móviles, por presuntos casos de corrupción, los mismos que firmaron para que su «maestro» el mancebo de farmacia no fuera a la cárcel por corrupción, etc. Esta gente que hoy no tiene credibilidad democrática se quiere cargar el funcionamiento de los sindicatos en el Ayuntamiento torrevejense. Esto es muy grave. Estimados amigos, los artículos 7 y 20 de la devaluada Constitución Española establecen claramente los derechos de los trabajadores/as a pertenecer a cualquier sindicato democrático y a la libertad de expresión, y de movilizarse en defensa de sus derechos laborales. Derechos que estos impresentables del Gobierno municipal torrevejense tratan de abortar, encima pagando abogados con dinero público. No tienen vergüenza. Estos represores que paguen de su bolsillo este atropello.
Una reflexión: ¿Por qué digo que el Ayuntamiento torrevejense no es una empresa privada? Los alcaldes y concejales entran y salen de los Ayuntamientos por voluntad popular a través de las elecciones que se celebran cada 4 años en el Estado Español.
Pregunto: ¿Y si en este proceso se despide a algún Policía por la incapacidad de solucionar este conflicto laboral por estos ineptos que nos gobiernan?
Sigo preguntando: ¿Qué pasaría si en la próximas elecciones locales el PP perdiera el poder y el sr. Dolón alcalde y sus acólitos se encontrarán en la calle con estos represaliados y sus familias, que por venganza los han mandado al túnel del paro? Ojo al dato. A reflexionar, a galopar…
¿Hasta cuándo? Al tiempo.
Gerardo Garrido
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