El diputado de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Lluis Torró, ha elevado al Consell un informe de la Sindicatura de Cuentas, dependiente de la Generalitat Valenciana, donde se detectan presuntas irregularidades en diversas permutas en las que interviene el Ayuntamiento de Torrevieja. El grupo parlamentario, que pretende que el Gobierno valenciano «se pronuncie sobre las ilegalidades detectadas en el urbanismo torrevejense», pedirá explicaciones al Consell «sobre sus responsabilidades», al tiempo que solicitará la comparecencia en las Cortes del Síndico Mayor. Izquierda Unida considera que la Fiscalía debería intervenir de oficio «para la defensa de los intereses públicos en Torrevieja», y recuerda que la Ley autonómica 6/1985 de la Sindicatura de Cuentas establece que «podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Cuentas, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración, el manejo o custodia de caudales o efectos públicos».
Informe «demoledor», según IU
Izquierda Unida señala que el citado informe de la Sindicatura de Cuentas, rubricado por el Síndic Mayor, Rafael Vicente Queralt, con fecha de 19 de julio de 2007, detallaba la labor de fiscalización y control efectuada sobre la formación del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) en 2004; en concreto, sobre diversas reparcelaciones, convenios urbanísticos y permutas en las que estaba implicado el Ayuntamiento. La formación, que califica el informe de «demoledor», indica que éste «no deja lugar a dudas en sus conclusiones», al afirmar, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento «no obtiene las cesiones de terrenos o abonos en metálico sustitutivos que, en aplicación del Plan General, deben realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir y construir los excedentes de aprovechamiento», y que «se considera no ajustada a la legalidad esta inaplicación fáctica practicada por el Ayuntamiento, que ha supuesto que el municipio dejase de obtener en suelo urbano los bienes y derechos derivados del excedente de aprovechamiento que debían formar parte del PMS». Asimismo, entre otras conclusiones del informe, facilitadas por IU, se apunta que «en varios casos no se motiva suficientemente la necesidad de la permuta», que en un caso el terreno que obtuvo el Ayuntamiento en una permuta «podía haberse obtenido gratuitamente», o que «algunas valoraciones técnicas carecen de la motivación suficiente porque no se explica la metodología seguida y/o los criterios aplicados, concretamente cuando se cambia de valoración sobre un mismo bien».
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