Luz verde a la municipalización del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y playas

» El equipo de Gobierno aprueba iniciar el proceso de gestión directa con la abstención de Ciudadanos
» El PP rechaza la propuesta y advierte que no se garantizan las condiciones laborales y salariales de los trabajadores

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la municipalización del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y playas, con el voto favorable del equipo de Gobierno (12 votos), incluido el de APTCe que se abstuvo en la comisión de servicios previa; el voto en contra del PP (11 votos) y la abstención de las dos concejalas de Ciudadanos (C’s). El alcalde, José Manuel Dolón, defendió la propuesta de gestión directa como la opción «más barata y eficiente» para dejar atrás el actual contrato «manchado por la corrupción». Dolón expuso que en los últimos cinco años el gasto en este servicio ha sido de 94,8 millones de euros, por lo que «hemos pagado en cinco años lo que teníamos que haber pagado por 10 años de contrato». El primer edil subrayó que la gestión directa supondrá un ahorro de 4,6 millones de euros anuales, que se traducen en 18,5 millones en cuatro años. Además, explicó que en un primer momento se optó por iniciar un contrato único para cuatro años, pero «no era viable», por lo que se decantó por la opción de la municipalización. «Los informes técnicos vienen a darnos la razón», reiteró en varias ocasiones. Además, precisó que el Ayuntamiento asumirá la plantilla de trabajadores de Acciona mediante una sucesión de empresas, que pasarán a ser personal laboral indefinido no fijo de la administración local, manteniendo sus condiciones económicas y mejorando las sociales. Por otro lado, aclaró que el coste de personal con el actual contrato es de 8,3 millones de euros, que se mantiene en la propuesta de gestión directa. En este sentido, el regidor avanzó que se realizará una modificación de créditos de 4,8 millones de euros para pagar a los trabajadores desde el 13 de junio al 31 de diciembre de este año.

El PP tiene «serias dudas legales»
Por su parte, el portavoz del PP, Eduardo Dolón, manifestó que existen «serias dudas legales» sobre la viabilidad de la municipalización y que se han «ocultado» informes esenciales. Dolón señaló que «no hay ni un solo informe que diga que la única opción legal y la mejor es municipalizar el servicio». En este sentido, reprochó que no se hayan presentado todas las alternativas posibles para realizar un análisis comparativo. Dolón indicó que los trabajadores tendrán que realizar un examen en pública concurrencia para ganarse su condición de personal municipal, según advierte un informe de recursos humanos, por lo que no se garantizan los puestos de trabajo ni las condiciones laborales. «Esas 200 familias están en juego», aseguró. Además, denunció que los trabajadores perderán poder adquisitivo, según cifró, «entre 3.000 y 5.000 euros de media anuales». Dolón aseguró que gran parte del ahorro que «vendió» el alcalde, casi 1 millón de euros proviene de los sueldos de los trabajadores, hecho que tildó de «inaceptable». Por otro lado, indicó que el servicio arrancará de manera «deficiente y con maquinaria en mal estado», ya que «un 40% está fuera de uso o de baja». Además, estimó en un año y medio el tiempo para poder sacar los 40 contratos derivados de este servicio. También afirmó que el alquiler de las instalaciones para dejar la maquinaria «nos va a costar 300.000 euros».

El grupo de C’s se siente «ninguneado»
La portavoz de Ciudadanos (C’s), Pilar Gómez Magán, puso en duda todo el proceso y expresó similares dudas que el PP sobre el futuro de los trabajadores. Gómez Magán reiteró el apoyo de la formación naranja a las 200 familias «tanto si la gestión es pública como privada». Asimismo, manifestó que su formación se sintió «ninguneada» a la hora de recibir información y criticó que no se incorporase al expediente los informes que solicitó. «El apoyo para estar ahí no era una carta en blanco», manifestó en alusión al apoyo de C’s en el pleno de investidura, al tiempo que denunció el trato que se ha dado a su partido. A pesar de todo, el grupo se abstuvo e indicó que seguirá de cerca este proceso.

Postura de los partidos del pentapartito
Los portavoces de los grupos muncipales que conforman el equipo de Gobierno mostraron la postura de sus respectivos partidos. José Hurtado, de Los Verdes, afirmó que el expediente está perfectamente documentado y preguntó a la oposición qué otras alternativas proponen a la gestión directa, ya que el actual contrato vence el 13 de junio de este año. La portavoz del PSOE, Fanny Serrano, apoyó lo que tildó de «remunicipalización», añadió, «recuperando para lo público un servicio que jamás debió salir de la gestión directa». Serrano recordó que la gestión del PP ha tenido un resultado «nefasto y perjudicial para el erario público», con un contrato que debería haber sido anulado en 2013 y que, según indicó, es «nulo de pleno derecho» al haber una condena en firme a un ex-alcalde que «está en la cárcel por haber amañado un contrato». Víctor Ferrández, de IU, opinó que el ahorro del cambio de gestión servirá para mejorar el servicio y mantener e incluso aumentar los puestos de trabajo. Además, señaló más del 30% de las quejas vecinales están relacionadas con la prestación de este servicio. Pablo Samper, de Sueña Torrevieja, consideró que los servicios públicos «deben estar en manos de la administración pública» y que el ahorro se podría invertir en mejorar otros servicios públicos. Por último, el portavoz de APTCe, Domingo Soler, manifestó que «estamos aquí para defender a los trabajadores».