Los decretos y acuerdos del Gobierno coparon el debate plenario

Los decretos de Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno de enero coparon el debate en el Pleno ordinario de febrero. La concejal portavoz de C’s, Pilar Gómez Magán, exigió explicaciones al equipo de Gobierno por la devolución del importe no justificado de las subvenciones otorgadas por la Diputación y la Generalitat para la Xarxa de Llibres, al tiempo que lamentó la «penosa» gestión municipal. El concejal de Hacienda, José Hurtado, lo tildó de «falsedad» y aclaró que se hace un cálculo y se consigna un presupuesto, pero al haber menos beneficiarios «lo sobrante, como no puede ser de otra manera, se devuelve a la administración que lo ha prestado». El concejal portavoz del PP, Eduardo Dolón, emplazó a C’s a cambiar la situación y volvió a denunciar que «hay más de una treintena de servicios sin contrato» y que se abonan con levantamientos de reparo. Hurtado le acusó de «mentir», afirmando que «usted cuando hace recuento en realidad está haciendo el recuento de todos los pufos que nos han dejado durante 30 años de Gobierno». Hurtado aclaró, apoyándose en un informe, que hay 113 expedientes abiertos en el departamento de Contratación, de los cuales 44 han sido adjudicados durante el 2017, según afirmó, pese a no tener los presupuestos aprobados y la falta de personal. El portavoz popular, Eduardo Dolón, también desveló que el Carnaval de 2018 se ha celebrado «sin contrato» cuando la Feria de Sevillanas se aplazó porque «el contrato no llegaba a tiempo». Además, reprochó al alcalde que en dos años y medio no haya abonado la indemnización de 51.000 euros solicitada por el viudo de un funcionario, como así reclamó estando en la oposición. El primer edil, José Manuel Dolón, aclaró que era un matrimonio sin hijos y justificó que la hermana del fallecido reclamó la herencia, hecho que «paralizó» el expediente y motivó que el viudo acudiera a los juzgados. Con todo, subrayó que éste ya ha podido cobrar la indemnización. Por su parte, el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, cuestionó que el equipo de Gobierno haya asumido el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) que avala la rescisión del contrato con la mercantil de las obras del edificio anexo del Ayuntamiento y que no lo hiciera en su momento con el informe sobre la contratación parcial de las escuelas deportivas. El edil de Deportes, Víctor Ferrández, explicó que el informe de las escuelas deportivas era consultivo y el de la obra anexa al Consistorio es vinculante. Además, le reprochó que él mismo siendo concejal no asumió levantar el reparo y «prefirió abandonar el Gobierno».

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