La Constitución proclama que un ciudadano tiene derecho a una casa digna y una vida humanitaria y respetuosa, pero en muchas ciudades españolas, especialmente en Barcelona y Madrid, inquilinos/ciudadanos que han estado viviendo durante muchos años en muchos edificios, algunos muy viejos, donde han criado a sus hijos o familia, están siendo amenazados, perseguidos y en ocasiones abusados para dejar sus apartamentos, por vendedores usados por compañías inversoras, mayormente extranjeras, que tratan de comprar/reparar los edificios para luego venderlos a precios desorbitantes. Se ha llegado incluso al caso de que los inquilinos han querido comprar sus apartamentos de los dueños de los edificios, pero éstos se han negado.
Muchos inquilinos, que han tratado de buscar ayuda legal sin éxito, han abandonado sus apartamentos debido al estrés de la situación, y otros continúan en pie de guerra, pero frustrados y poco felices por la presión a la que están siendo sometidos por las constantes visitas de los inversores para que abandonen sus apartamentos.
Una situación es segura, que los inquilinos no deben dejar sus apartamentos pese a la presión, pero, ¿por cuánto tiempo?
¿Quién podría ayudarlos? El derecho a una casa digna, a una vida decente, hay que respetarlo.
José Antonio Rivero Santana
Don Rivero, ¿qué tal si usted y el podemita abren las puertas de su casa y su casoplón de la sierra a los sin techo, los ilegales, etc y nos dejan al resto vivir en paz con cierta seguridad de que nadie va a ocuparnos la vivienda?
La ocupación no es un derecho sino un delito; la propiedad sí