Provocadora, agresiva y beligerante es la actitud del conseller de Educación, sr. Font de Mora, cuando hizo la presentación, días atrás, sobre la opción de dar en inglés la EpC. Bien pensaba, en aquel momento, que eso había sido un farol, o un calentón. Resulta que, a esta decisión ilógica, irreal, irracional y sin sentido común, se han precipitado muchos acontecimientos en contra de esta postura. La Asociación de Inspectores dice, y con razón, que ellos son un cuerpo técnico y que están para ayudar y colaborar con los distintos miembros de la docencia, pero que nunca pueden y deben actuar como Comisarios Políticos imponiendo sanciones a los docentes. Para ello, ADIDE-PV, única asociación de Inspectores en la Comunidad Valenciana, se plantea la objeción de conciencia entre sus asociados para no tener que sancionar a los profesores que se niegan a dar en inglés la EpC.
Directores, profesores, APAs, sindicatos, asociaciones… nunca había habido tal amalgama de profesionales puestos de acuerdo y en contra de la sinrazón de la Consellería de Educación.
Hagamos un somero análisis de la situación: el Gobierno nacional manda aplicar la ley, procedente consecuentemente de la decisión y aprobación soberana del Congreso de los Diputados, de dar una nueva asignatura a nivel nacional que se llama Educación para la Ciudadanía, como consecuencia de los acuerdos de Lisboa.
Como la responsabilidad de gestionar la educación recae sobre las autonomías, las que son del PP, como Madrid y la Comunidad Valenciana, no hacen más que poner pegas y palos en las ruedas para dificultar al máximo el cumplimiento de la «LEY».
Señor Font de Mora, la ley está para cumplirse y no saltársela a la torera con argumentos vagos y banales, que, por el contrario, rebotan como un «boomerang» contra Vds., haciendo creer a la población que los que no cumplen la ley son los responsables de impartir la materia, cuando, nada más lejos de la realidad, los que realmente incumplen la ley son los políticos del PP de la Generalitat Valenciana.
¿Cómo es posible que se quiera dar una asignatura cualquiera, en este caso la EpC, impartida por un profesor cualificado para esa materia y sea traducida por otro profesor especialista en inglés? Los alumnos lo primero que perciben es la lección en su lengua de origen y con eso se quedan. Seguramente muchos alumnos tienen la asignatura de inglés suspendida.
En la Universidad de Alicante se ha hecho esta experiencia entre alumnos de cuarto de derecho: se impartía la clase de Derecho Procesal por el titular de la cátedra y era traducida por una perfecta hablante de inglés y profesora de Derecho también. La aventura duró poco más de diez minutos, porque los alumnos no podían entender ni creer lo que estaban viviendo en sus propias carnes, un profesor dando la materia en castellano, otro traduciendo al inglés y, entre medias, los silencios que se provocan entre una y otra intervención. ¿Qué pretende la Generalitat con esta nueva aventura pedagógica? ¿Crear más confusionismo y, por ende, más fracaso escolar del que actualmente tenemos entre nuestros educandos? Por favor, sean razonables y no pongan más pegas para que dicha materia se imparta en las lenguas oficiales que corresponde a cada comunidad según la Constitución Española.
Joaquín Garrido Mena
Lo que es ilógico, irracional y sin sentido es el adoctrinamiento en la educación, si bien es cierto que lo de hacerlo en Ingles entraña dificultades de aplicación, lo que realmente es patético que tengan que introducir una más que polémica asignatura para restarle horas a otras de indudable necesidad como son las del conocimiento, matemáticas, lengua, etc.
Lo de los acuerdos de Lisboa me dá risa y lo de aplicar la Ley ( la que interesa ) me descojona.
En resumen lo mejor es ante Educación para la Ciudadanía: La Objeción de Consciencia