Roberto Barrios Gómez-Valadés
Secretario de Organización PCPV-PCE Torrevieja
España ha sido durante años la puerta de entrada al «paraíso» capitalista europeo; lo ha sido para marroquíes, argelinos, mauritanos y para los pueblos subsaharianos que, arriesgando la vida, cruzaban el desierto para dar el salto a la península o se hacían directamente a la mar en precarias embarcaciones que, las más de las veces, zozobraban llevándose miles de vidas al fondo del océano. Esto ha durado mientras esa mano de obra barata, casi siempre contratada ilegalmente, ha sido necesaria para el rápido enriquecimiento de desaprensivos empresarios, protegidos por unas leyes permisivas con la explotación inhumana de hombres y mujeres, al amparo del falso crecimiento económico propiciado por la burbuja del ladrillo. La fiebre del ladrillo se acabó con el reventón de la «burbuja» y esa mano de obra barata ha sido recalificada por industrias que están más cerca del delito mafioso que de la legalidad; la venta ambulante de
toda clase de productos, más o menos legales; los trabajos agrícolas, casi en régimen de esclavitud, en las plantaciones bajo plástico; trabajo no registrado legalmente en talleres clandestinos, obras de reformas, etcétera, son el refugio de tantos inmigrantes, muchos de ellos legalizados por el gobierno anterior y muchos sin papeles que, y esto es lo que atenta directamente a los DD.HH., están siendo perseguidos y encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros, que no son más que prisiones, mucha veces gobernadas por auténticos capos propios de los campos nazis.
En la costa, la venta ambulante no regularizada (tan perjudicial para el comercio legal que paga sus impuestos), la del «top-manta», se nutre del excedente producido por el paro en otras ciudades, principalmente de hombres jóvenes subsaharianos, senegaleses, nigerianos, guineanos…, de ágiles pies para correr delante de las policías locales que, hasta ahora, los han perseguido con más o menos eficacia. Existe la sospecha de que algún o algunos ayuntamientos costeros han sido más permisivos de lo normal, debido a la «amistad» de algunos munícipes con los caballeros que controlan ese comercio, ciertamente ilegal, ante lo cual, el señor Ministro del Interior parece que ha movilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para que se reprima eficazmente dicha «industria». Y vaya si están siendo eficaces en la represión de la mano de obra, deteniendo y en algún caso apaleando e incluso insultando, según testigos presenciales, a los detenidos, pero… sólo se detiene a los vendedores callejeros, como siempre, a los más débiles. Todavía no hay noticia de que se haya practicado una sola detención de los fabricantes y suministradores de eso productos, muchos de ellos, por no decir la totalidad, falsificados. ¿Quién fabrica y quién provee? ¿Cómo es posible que una Policía y Guardia Civil de un país democrático, como se dice de España, se comporten como racistas xenófobos con estas pobres gentes que no tratan más que de poder ganarse la vida? En la costa existen organizaciones criminales que son las que hay que controlar y estamos seguros de que no están en los pisos en que malviven estas pobres gentes.
El Comité del PCPV-PCE de la agrupación «Narciso Julián» de Torrevieja denuncia el comportamiento xenófobo y racista de algunos miembros de las FF de seguridad del estado, desgraciadamente no identificados, y exige a los mandos de la GC y al Ministro que controlen el comportamiento de los agentes a su mando y a la Judicatura que abra una investigación para controlar los delitos de proxenetismo, mercado de mano de obra barata sin legalizar y fabricación y distribución de productos ilegales.
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