Epifanía del pelotazo

José Hurtado Paredes
Concejal de Los Verdes

En una noticia aparecida en el Diario Información el 1 de septiembre de 2012 y titulada «Plante. Una protesta que justifica al equipo de gobierno», el redactor da cuenta de la concentración que se viene realizando todos los viernes en la puerta del Ayuntamiento de Torrevieja, desde que el 14 de julio entró en vigor el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, una vuelta de tuerca más en los recortes, que en lo que se refiere a los funcionarios contempla la supresión de la paga extraordinaria de Navidad y la prestación económica en la situación de incapacidad temporal entre otras medidas y que va a obligar, en la práctica, a acudir enfermos al trabajo a miles de trabajadores.
En esta noticia se recogen las declaraciones de la presidenta de la Junta de Personal que, al parecer, declaró que  sus reivindicaciones están dirigidas al Gobierno central y a sus políticas de recorte, y no al Ayuntamiento, puesto que «se limita a aplicar la legislación autonómica y nacional»  (la negrita es mía), por lo que entiendo que se exonera al Gobierno local de cualquier responsabilidad respecto de esa legislación restrictiva en relación con los derechos de los trabajadores (públicos o no) y en el desmantelamiento del Estado del Bienestar. También entiendo que, si se le exonera de eso, mayor razón habrá para exonerarle de la crisis que estamos viviendo en España.
Curiosamente, y coincidiendo en el tiempo, entre las respuestas a unas preguntas realizadas semanas atrás por un concejal de Los Verdes, y refiriéndose a esos mismos funcionarios, el alcalde dice literalmente: «Respecto de los funcionarios, y concretamente a los de la Administración Local, le diré que tienen mi respeto y reconocimiento por su trabajo y que lamento mucho la situación que estamos viviendo, que le recuerdo no la ha generado este gobierno» (la negrita es mía).
Los dos hechos relatados, por lo tanto, parecen coincidir en lo esencial: el gobierno local y, por extensión todo gobierno local, no tiene responsabilidad alguna en las políticas de recortes. Coincido en que es una obviedad que los decretos-ley los dicta el gobierno de la nación, no los ayuntamientos, pero ¿son los gobiernos locales inocentes en la generación de la crisis que ha servido de argumento para la aprobación de los mismos? Recordemos lo que, en estos momentos, también debería mostrarse como una obviedad.
A estas alturas, nadie, ni siquiera los más cínicos y desvergonzados líderes del Partido Popular, pueden negar que un elemento esencial y diferencial del agravamiento de la crisis económica en España, dentro del contexto internacional, ha sido la burbuja inmobiliaria y que ésta fue causada por la banca española y por la banca europea (francesa, holandesa, belga…) y muy especialmente la alemana, que nutría de crédito a la primera para que ésta a su vez lo hiciera con empresas y particulares en una huida hacia adelante, irresponsable y suicida. Pero también alentada por una casta política en constante retroalimentación de intereses, las famosas puertas giratorias, que en un constante trasvase de cargos de lo público a lo privado mantienen una especie de eterno retorno que afianza más y más aquellos intereses económico-financieros particulares frente al interés general.
Digo cínicos y desvergonzados porque así son aquellos que, por un interés puramente electoralista o incluso personal, dicen hoy una cosa y mañana la contraria. Es tal la evidencia que sonroja:
«El concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición» (Cristóbal Montoro, actual Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en El Mundo de 2 de octubre de 2003). «No hay burbuja inmobiliaria» (Luis de Guindos, actual Ministro de Economía y Competitividad en ABC de 2 de noviembre de 2003). «Nunca se ha salido de una crisis subiendo impuestos» (María Dolores de Cospedal, septiembre de 2009). «Subir impuestos me parece un disparate» (Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid el verano de 2009). «Es vergonzoso que planteen subir impuestos» (Soraya Sáenz de Santamaría, actual Vicepresidenta del Gobierno en agosto de 2010). «Este partido se opondrá a cualquier nueva subida de impuestos que demagógicamente plantee el Gobierno de España» (Mariano Rajoy, 11 de julio de 2009). «El problema económico de España no se soluciona con el abaratamiento del despido» (Cristóbal Montoro, en junio de 2010). «Le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, la sanidad y la educación» (Mariano Rajoy, noviembre de 2011).
Así las cosas (como han puesto de manifiesto Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón en «Hay Alternativas. Propuestas para crear empleo y, bienestar social en España»), cuando esa burbuja estalla y especialmente la banca alemana corta el chorro del crédito, la economía española empieza a mostrar su verdadero rostro, desmantelado como estaba el sector industrial y agrario que se había producido tras el ingreso en la Unión Europea, cuando los bancos y cajas tienen deudas hipermillonarias con aquellos bancos extranjeros y las viviendas, suelo y otros activos ya no valen nada, su liquidez esta por los suelos y hay que rescatarlos, y cuando las políticas fiscales del Estado (con el PP significativamente, pero también con el PSOE) habían llevado al extremo la tolerancia con el fraude fiscal a partir de un sistema recaudatorio que es de todo menos progresivo, recayendo el peso de los impuestos en las rentas del trabajo frente a las del capital y dejando de ingresar miles de millones de euros.
Pero, ¿de dónde sale el dinero cuando no fluye el crédito y se carece tanto de los ingresos procedentes de una economía productiva como de la recaudación procedente de una política fiscal adecuada?, ¿quién tiene que rescatar a los bancos? Nosotros: el dinero público. «La troika y el gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a sus acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria». (A. Garzón. De bancos malos y gobiernos terribles).
Y, he aquí la cuestión: ¿son los gobiernos locales inocentes en la generación de la crisis que ha servido de argumento para la aprobación de los recortes?, ¿son los gobiernos locales responsables o corresponsables de la burbuja inmobiliaria? Definitivamente, sí.
Sin la alianza y connivencia de los poderes públicos locales con el sector inmobiliario especulativo y de la construcción, a través de recalificaciones, permutas y reclasificaciones de suelo para un verdadero urbanismo a la carta que ha depredado el territorio; sin la complicidad de los ayuntamientos, a través de todos aquellos mecanismos que posibilitaron los famosos «pelotazos urbanísticos», no estaríamos viviendo esta resaca inmobiliaria -su manifestación o epifanía a través de sus consecuencias- que hizo que en España se construyeran (de Torrevieja ni hablemos) entre 2002 y 2007 más viviendas que en Alemania y Francia juntas y que al final nos ha llevado a ser una colonia de Alemania y a vender a precio de saldo a nuestro país. Los patriotas de pueblo también han ayudado. Y mucho.