Todos nos hemos visto envueltos en las manifestaciones multitudinarias llevadas a cabo en las más importantes ciudades españolas e incluso francesas. Yo, personalmente, viví y participé en directo en las de Madrid, por la indignación que ha sufrido la opinión pública ante el conocimiento de la sentencia que los jueces han impuesto al grupo denominado la «Manada», por el delito cometido en los Sanfermines del pasado año, contra una muchacha de Pamplona.
Entre el citado grupo, hay un militar perteneciente a la UME (Unidad Militar de Emergencias) y un Guardia Civil. Ambos están cobrando, estando en prisión, el 75% de su sueldo, hasta que se haga efectiva la sentencia, momento en el cual serán despedidos de sus empleos; por lo tanto, además de la sentencia que tengan que cumplir, se quedarán sin trabajo.
La indignación ha venido por la gran diferencia que ha existido entre la condena solicitada por la fiscal (22 años de prisión por violación) y la sentencia de los jueces (9 años de prisión por abuso sexual), lo cual quiere decir que, posteriormente, a los 5 ó 6 años, se podrán ver beneficiados de los permisos de fin de semana, por buen comportamiento, o permisos continuados, teniendo que ir a dormir al establecimiento penitenciario solamente.
Este tumulto ha traído problemas políticos y fiscales, pues, ante las declaraciones del Ministro de Justicia sobre el comportamiento de uno de los jueces, éste ha dicho, según las noticias de la televisión, que va a demandar al ministro por injurias. Por otro lado, el Consejo del Poder Judicial también solicita la dimisión del Ministro de Justicia por intrusión en el poder jurídico, así es que nadie se aclara con esto. Los otros partidos políticos también están en desacuerdo con la sentencia, cuando hace poco tiempo, ante la consulta en el Congreso sobre la prisión permanente revisable, estuvieron en contra, o sea, que unas veces no llegamos y en otras nos pasamos. Lo único que aquí está claro es que todos los partidos políticos van a la caza del voto y nadie legisla, ni propone, ni se compromete, solamente vale la crítica destructiva para el «quítate tú, para ponerme yo».
Lo cierto y verdad es que todos no podemos ser jueces, ni fiscales, ni letrados, como al parecer se pretende. Los fiscales presentan las pruebas que tienen contra el o los que han delinquido. Los letrados, unos van a favor del ofendido y otros defienden al ofensor, y los jueces, ante las evidencias presentadas por todas las partes, solamente aplican la Ley, o sea, si la Ley no condena el acto, es porque los políticos no han legislado sobre el tema y, entonces, nos encontramos con que los jueces no tienen los instrumentos necesarios para castigar, porque no existe Ley que diga si lo que se ha hecho se castiga o no se castiga, y esto es lo que parece ser que ha pasado.
En la televisión de la mañana del día 2 de mayo, se mostraron los folios de los tomos del sumario y, en uno de ellos, se puede leer «sin violencia», y en otros párrafos del mismo sumario también se pueden leer frases que están a favor de la decisión de los jueces, por eso existen los procedimientos de recursos contra la sentencia. La fiscal ya ha mencionado que va a recurrir al Tribunal Supremo de Navarra, al igual que el abogado de la víctima y el abogado de la «Manada», unos para que se incremente la sentencia y el otro, para que los declaren inocentes, y así está establecida la justicia en todo el mundo. Unos atacan y otros defienden, y los jueces determinan. ¿Cuántas veces se ha condenado a personas inocentes por error de juicio? Muchas veces, y al contrario también, se ha declarado inocente a un auténtico culpable, pero el sistema, en su mayoría, es el que mejor funciona.
Si el Tribunal Supremo de Navarra mantuviese la sentencia de los jueces, aún cabe otro recurso ante el Tribunal Supremo Judicial, o sea, que se tienen más oportunidades para poder cambiar la sentencia si la Ley así lo contemplase.
Es lógico que muchos estemos indignados, en especial, las mujeres, pues parece que no pasa un día sin que haya un asesinato por parte de la violencia machista, y, aunque en cifras relativas, parece ser que donde más abunda es entre los inmigrantes, la tendencia está afectando mucho a la violencia entre los jóvenes, el «bullying» en los colegios, los botellones, las peleas en las discotecas, en las que mueren jóvenes asesinados, las peleas callejeras entre bandas juveniles, etc. En la televisión de la otra noche, chicas entre 15 y 17 años se manifestaban diciendo que tenían mucho miedo cuando salían por la noche de dar clases o de las bibliotecas donde aprovechan para estudiar, sobre todo, en aquellos tramos de calles que se encuentran solitarios.
¿Soluciones?
Educación, educación, educación, en especial cívica a jóvenes y padres.
¿Qué educación se está dando por parte de los padres a aquellos jóvenes que atacan y pegan a sus profesores e incluso a sus propios progenitores? El profesor es el encargado de transmitir y enseñar los conocimientos, pero la educación cívica es responsabilidad de los padres y no de los profesores.
Recuerdo cuando era pequeño que, a veces, el profesor, si habías hecho algo malo, cogía una regla de 50 cm. de larga y unos 5 mm. de gruesa y te decía: «pon la mano abierta», tú la ponías y él te daba en la palma uno o dos golpes con aquella regla y, cuando llegabas a casa y se te ocurría decirle a tu padre que el profesor te había pegado con la regla, resulta que mi padre me castigaba porque era seguro que había hecho algo malo. En estos tiempos actuales, no es que apruebe esa clase de castigos, pero, por muchísimo menos, una corrección por ejemplo, hay padres que están dispuestos a pegar y avasallar a los profesores.
Estamos sembrando violencia constantemente: en una cola, conduciendo, por un error, etc.
La bondad y la tolerancia están desapareciendo, lo que nos hará la vida más difícil.
Carlos García
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