El equipo de Gobierno del PP llevó al Pleno ordinario de noviembre tres modificaciones de créditos tan solo dos meses después de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2020. En concreto, el PP sacó adelante con el apoyo del PSOE la modificación de créditos nº3, en la modalidad de suplemento de crédito, con un importe de 6,7 millones que se destinará a abonar la deuda del Ayuntamiento con entidades financieras y que se realiza con cargo al remanente de tesorería, según explicó el edil de Hacienda, Domingo Paredes. El resto de partidos se abstuvieron en este punto, menos Sueña Torrevieja que votó en contra. Desde Sueña subrayaron que el Ayuntamiento pagará esta cuantía a los bancos «sin tener la obligación de ello», ya que, según apuntó, el Gobierno central suspendió la regla del gasto, por lo que el superavit no tiene por qué usarse para amortizar deuda. «No son amigos sino colegas de los bancos», apostilló. Desde Los Verdes opinaron que la realización de tres modificaciones en tan poco tiempo debe a la «nefasta gestión» del PP, que, a su juicio, aprobó un presupuesto «irreal», como venían advirtiendo. El PP dio luz verde a la modificación de créditos nº2, en la modalidad de transferencia de crédito, con la abstención de todos los partidos menos el PSOE, que votó en contra. La modificación, de 275.000 euros, se destinará al abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por funcionarios y personal laboral de distintos departamentos. El PSOE achacó a la falta de personal el hecho de que los trabajadores tengan que hacer horas extra. Por último, el PP validó con el apoyo de C’s y Vox la modificación de créditos nº1 del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura que servirá para el pago de una sentencia. El concejal de Hacienda explicó que el Ayuntamiento ha sido condenado a abonar a una mercantil 27.576 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios y 300 euros de costas, aunque sin entrar a explicar de qué se trata la sentencia. Tanto C’s como el PSOE reclamaron sin éxito conocer dicha sentencia. «Tanto oscurantismo da qué pensar», espetó el PSOE. El alcalde, Eduardo Dolón, justificó que el acatamiento de la sentencia se aprobó en Junta Rectora por unanimidad.
Ordenanzas fiscales
Por urgencia se abordó en la sesión plenaria la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública con mesas y sillas, toldos, paravientos, marquesinas, artículos de comercio y otros elementos análogos, así como la de puestos, barracas, casetas de venta, kioscos, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes. De este modo, ambas ordenanzas se suspenden sine die mientras se mantengan los efectos económicos adversos con el objetivo de paliar las graves consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, según explicó el equipo de Gobierno. El PP contó con el apoyo de todos los grupos, excepto de Los Verdes que se abstuvieron. El alcalde avanzó que «a lo largo del 2021 se configurará una nueva ordenanza y no está previsto levantar la suspensión de la misma hasta finales del próximo año, siempre y cuando la situación derivada por la pandemia así lo permita». C’s y Los Verdes coincidieron en que la medida llega «tarde». Sueña recordó que presentó varias reclamaciones para «dotar de mayor seguridad jurídica y certeza temporal a los hosteleros y feriantes».
Informe a la Sindicatura de Cuentas
También se tomó en consideración una moción del PP relativa a la petición de un informe a la Sindicatura de Cuentas sobre la asistencia sanitaria integral en el departamento de salud de La Ribera. La iniciativa del PP contó con el apoyo de C’s y Vox. El PP argumentó que es la misma solicitud que el Gobierno valenciano -PSOE y Compromís- realizó a la Sindicatura en 2018 sobre el departamento de salud de Torrevieja, pero en este caso sería sobre el Hospital de Alzira con el fin de tener «datos objetivos» para conocer «si podemos arriesgarnos a una reversión en plena crisis sanitaria». En definitiva, señaló, se trata de «arrojar luz sobre el nuevo modelo que nos pretenden imponer». Los Verdes tildó de «ridículo» comparar 15 años de gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrevieja con 18 meses de gestión de la Conselleria en el Hospital de Alzira. Desde el PSOE advirtieron que la gestión de Ribera Salud tiene un «sobrecoste» de 108 millones de euros.
Morosidad
Otro asunto ampliamente debatido fueron los informes de morosidad del tercer trimestre de 2020 del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Cultura. Sueña y Los Verdes criticaron duramente el aumento del periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en casi 100 días en el caso del Ayuntamiento, 49 más que en el segundo trimestre, según apuntó Sueña. Como ejemplo, señaló que la empresa del servicio de grúa llegó a acumular una demora en el cobro de 252 días y que todavía tiene pendiente de cobrar 70 facturas por importe de 506.000 euros. Los Verdes afirmaron que estos retrasos provocan «un daño terrible a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento». Con todo, criticó la «nula capacidad de gestión» e «incompetencia» del PP. El edil de Hacienda justificó que el incremento del periodo medio de pago coincidió con la puesta en marcha de la administración electrónica. También lo achacó al gasto «imprevisto» en servicios que no estaban programados, como la adquisición de mascarillas y geles por la pandemia.
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