» El alcalde anuncia que va a rescindir el contrato con la actual empresa que presta el servicio de control de plagas
El equipo de Gobierno del PP y la edil no adscrita Carolina Vigara aprobaron en el Pleno de octubre la delegación de gestión en la Diputación de Alicante para su realización a través de SUMA de determinadas competencias municipales relativas a la gestión y recaudación de sanciones por incumplimiento de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana en espacios públicos. Los grupos municipales de la oposición y el resto de ediles no adscritos votaron en contra. El concejal portavoz del PP, Federico Alarcón, explicó que se delegan competencias en la Diputación de Alicante a través de SUMA como la notificación, conceder y denegar aplazamientos, resolver expedientes de ingresos indebidos y resolver recursos. Además, indicó que SUMA asumirá el coste de las insfraestructuras para el acceso a los datos de sistemas informáticos y medios técnicos, y habilitará un horario de atención al público. Asimismo, expuso Alarcón, se constituirá una comisión de seguimiento con tres miembros designados por el Ayuntamiento y otros tres nombrados por SUMA. La entrada en vigor de la delegación de competencias será al día siguiente de la publicación en el BOP y estará vigente hasta el 8 marzo de 2023, aunque se podrá prorrogar de forma anual. Tanto Sueña Torrevieja como Los Verdes cuestionaron el fondo de la ordenanza, como hicieron en el Pleno en el que fue aprobada, señalando que «solo busca castigar» en lugar de concienciar. En el mismo sentido se expresó la edil no adscrita Fanny Serrano.
También se dará cuenta de la renuncia al acta de concejal de Pilar Gómez Magán por Ciudadanos (C’s), así como y al escrito de Alcaldía relativo a la plantilla de personal eventual del tercer trimestre.
Por otro lado, se acordó por unanimidad de todos los grupos municipales y concejales no adscritos la retirada de la enmienda del PP y del punto del orden del día relativo a la delegación de competencias para actuaciones en el IES Libertas con el Plan Edificant. En concreto, se trataba de la modificación del acuerdo de Pleno de fecha 10 de febrero de 2022 según los nuevos valores de cálculo del presupuesto presentados por a Generalitat.
Plan de control interno de 2022
Igualmente, se dio cuenta del plan de control interno del ejercicio 2022 correspondiente al ejercicio 2021. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, explicó que se empezó a realizar en agosto para la gestión financiera del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. La edil no adscrita Fanny Serrano señaló que el gasto de personal supone más del 30% del presupuesto del consistorio, que se traduce en 24 millones de euros anuales. Serrano señaló que el informe no aclara quien decidirá a qué se va a realizar ese control financiero, ya que es un muestreo aleatorio de los expedientes formalizados en 2021. El edil portavoz de Sueña, Pablo Samper, puso la atención en que aunque se hace un control de tesorería, «no se controla el motivo por el cual la morosidad se ha disparado en 2021 y en el primer semestre de 2022. Samper reiteró que la merma en la recaudación del impuesto de plusvalía provocará un «déficit de financiación de 18 millones de euros». Por su parte, Israel Muñoz, portavoz de Los Verdes, lamentó que el equipo de Gobierno «no está tomando medidas para reducir el déficit».
Acuerdos de la JGL y decretos de Alcaldía
También pasaron por la sesión los habituales puntos de dar cuenta de los decretos de Alcaldía y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del mes de septiembre. El PSOE, Los Verdes y Sueña coincidieron en criticar la «virulenta» plaga de mosquitos que vive la ciudad de Torrevieja, así como la «mala» gestión que está haciendo el PP del problema. El alcalde, Eduardo Dolón, replicó que entre hoy y el lunes tiene previsto rescindir el contrato con la empresa que presta el servicio de control de plagas, el cual, reprochó, fue tramitado por el anterior Gobierno. El regidor confirmó que la empresa lleva una semana y media fumigando, pero con un solo vehiculo, hecho que es insuficiente. Por otro lado, Sueña cuestionó que «una de cada tres licitaciones del Ayuntamiento queda desierta», situación que achaca, afirma, a la «lentitud en la contratación que hace que los precios queden desfasados». Según Samper, en un periodo de 70 días -del 29 de julio al 7 de octubre- la JGL ha declarado desiertos 8 licitaciones de contratos por importe de casi 18 millones de euros. En otro orden de cosas, el PSOE y la edil no adscrita Fanny Serrano cuestionaron que la JGL se dedica al pago de «facturas sin contrato» y «contratos menores que se pueden adjudicar fácilmente». Según Serrano, en el mes de septiembre se ha validado el pago de 1,5 millones de euros de esta forma, unos niveles que, a su juicio, «no son sostenibles». Navarro, del PSOE, fue más allá y acusó al Gobierno local de «saltarse» una cláusula de los pliegos que limita la cuantía que puede percibir una empresa al año por este tipo de contratos. Para Navarro, «se está incumpliendo», ya que «hay empresas que en el mismo año superan los mínimos», según apuntó.
¿Y las multas de la ordenanza de ruidos y vibraciones de la ciudad de Torrevieja?
Pero, ¿se multa por ese «conceto» -Pepiño dixit-?