El PSOE afirma que el Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento a agilizar la entrega de documentación a la oposición

» Bárbara Soler denuncia que la documentación solicitada al Ayuntamiento para «fiscalizar la labor del PP» tardaba «más de lo razonable; en ocasiones, más de dos meses»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Bárbara Soler, presentó en rueda de prensa la resolución del Síndic de Greuges a la queja formulada por su grupo respecto al retraso en la entrega por parte del Ayuntamiento de documentación solicitada «para fiscalizar la acción de Gobierno del PP», que, afirman, «se dilataba más de lo razonable, llegando, en ocasiones, a superar más de dos meses». Soler ha facilitado a los medios la resolución del Síndic, que insta al Ayuntamiento a resolver las solicitudes de acceso a documentación «en el plazo máximo de 5 días naturales, y para que dicha información sea entregada de forma efectiva en el plazo máximo de diez días», que «se permita a la autora de la queja el acceso directo, a través de la plataforma informática municipal, a la información contenida en los libros de registro, en los libros de actas y de resoluciones de la Alcaldía» y que «se permita que los concejales de la oposición puedan acceder a la información contenida en la plataforma informática de la misma manera que los concejales del equipo de Gobierno». La portavoz socialista considera que el Síndic viene a darles la razón con esta resolución, y que también «está rechazando la práctica ilegal utilizada por el alcalde, Eduardo Dolón, quien, a sabiendas, ha venido saltándose a la torera las Leyes del Gobierno de la Nación y de la Comunitat Valenciana de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno nacional, donde se reconoce a cualquier ciudadano el derecho de acceso a la información pública de forma gratuita y por vía electrónica, en un plazo máximo de diez días, y sin embargo, el alcalde sometía la entrega de los expedientes administrativos a los concejales de la oposición a un plazo máximo de 30 días hábiles, básandose en el artículo 36 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), lo cual es una norma jurídica de rango inferior a las leyes nacional y comunitaria indicadas y, por lo tanto, claramente contraria a derecho».