De nuevo observo en un diario de tirada nacional las diez fotografías de diez presuntos implicados en temas urbanísticos e imputados por la Justicia. Estas diez personas son cargos institucionales de las distintas administraciones públicas en la Comunidad Valenciana. Entre estos individuos, aparece en primer término el famoso señor Fabra, presidente de la Diputación de Castellón; en segundo término aparece el señor Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja y ahora diputado por la Comunidad Valenciana; y el tercero en el ranking, el anterior alcalde de Orihuela, sr. Medina. Este señor, a diferencia de los anteriores, ha manifestado, al menos, que está deseando que su causa se juzgue para salir de este «mal rollo» cuanto antes.
No me gustaría que por los famosos atascos judiciales, sobre todo en Alicante y la Vega Baja, pudieran dilatarse estas causas tanto que al final prescribieran.
Los españoles nos hemos sensibilizado mucho con que determinados penados cumplan todas las penas que se les atribuyan. También cada día estamos más preocupados y vemos con mucho asombro que determinados delincuentes institucionales que se han enriquecido de manera ignominiosa a costa del dinero público, no solamente deberían reintegrar lo que se han llevado, sino que además deben pagar con penas adecuadas y en proporción a lo que se han llevado. Si se tiene que reformar el Código Penal para este tipo de delitos, refórmese.
Este servidor ha decidido contar qué le pasó con el sr. Hernández, alcalde de Torrevieja, en el año 2005, cuando, a través de toda la prensa local, nacional, medios radiofónicos y televisivos nacionales, salió a todo bombo su enriquecimiento personal, con una venta de terrenos que le proporcionó unas plusvalías de 5’4 millones de euros. Así lo denuncié a través de un artículo de prensa, y con ello me «gané una querella penal»; se celebró el juicio y, al final, salí libre del mismo. No obstante, este gran señor todopoderoso en lo político y en lo económico, no conforme con la sentencia, la ha recurrido. Obviamente, ¿quién puede recurrir? Aquel que tiene medios económicos para poder pagar abogado y procurador.
El artículo 14 de la Constitución Española, en su capítulo II, que habla de Derechos y Libertades dice: «Los españoles son iguales ante la Ley…».
Permítanme que discrepe un poco en relación con este artículo, y que mi opinión sea políticamente incorrecta. Simplemente soy pragmático en relación con este tema. Las cárceles españolas están llenas a rebosar de presos, pero lo cierto y verdad es que la gran mayoría de presos lo son por ser unos desafortunados en la sociedad, porque no pueden recurrir sentencias en primera instancia, ni al Tribunal Supremo, ni al Constitucional, ni al de Estrasburgo, etc. La mayoría de estos delincuentes son drogadictos que, en muchos casos, nadie se ha preocupado en analizar si son personas enfermas. Lo que interesa a esta sociedad cínica es quitárselos de enmedio y mandarlos a la cárcel para que no nos estorben. Otros muchos son reincidentes en delitos menores, pero como no tienen medios para recurrir, también nos interesa que vayan a la cárcel.
Sin embargo, aquellos delincuentes de «cuello blanco», teóricamente no nos molestan a la sociedad, pese a haberse hechos ricos a costa de los contribuyentes y votantes, nos hacen mucha gracia e incluso salen en programas de televisión.
Lo único que solicito a «LA JUSTICIA» es que sea justa, ecuánime y también que juzgue tanto a los poderosos como a los desamparados.
Joaquín Garrido Mena
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